«Nos vamos a comprar el pleito de recuperar el gas de Camisea para todos los peruanos», dijo ayer en Chota el presidente Pedro Castillo, por lo que resulta oportuno recordar la verdadera historia de cuando Velasco interviene la IPC en Talara.
Los gringos ya se habían adelantado y entre octubre de 1968 y fines de enero de 1969, se las arreglaron para resarcirse de 22 millones de dólares de esa época, que significaban mucho más que ahora.
La empresa remesó con autorización del ministerio de Hacienda y del Banco Central de Reserva, hasta 5 millones de dólares por deudas concertadas y dejó de pagar a la Empresa Petrolera Fiscal más de 17 millones de dólares por los servicios de refinación en la planta ya expropiada y cuando finalmente fue intervenida no encontraron ni un sol en sus cuentas.
Por criticar esta situación fueron deportados José María de la Jara y Ureta, dirigente de Acción Popular y Eudocio Ravines, quien incluso fue privado de su nacionalidad.
La expropiación de la IPC fue objeto de múltiples reuniones entre representantes de los gobiernos del Perú y de EE.UU y concluyeron después de cinco años con el “acuerdo secreto” Greene- De la Flor y el pago que el gobierno peruano hace al de Estados Unidos de 76 millones de dólares. La enmienda Hickenlooper tuvo mucho que ver en el arreglo.
A otras empresas de capitales norteamericanos como la Cerro de Pasco Copper Corporation y el Grupo Grace, se les permitió repatriar 74 millones de dólares y por lo que informaron diarios de la época como el The New York Times (20-02-74) este último pago del acuerdo con Green era en adición a otros 74 millones de dólares que el Perú estaba pagando directamente.
El semanario US News and World Report, del 11 de marzo de 1974 comenta que un grupo de bancos norteamericanos estaba dispuesto a prestar al Perú 80 millones de dólares, debido a que el gobierno había convenido en pagar 150 millones por bienes de compañías nacionalizadas en los últimos años.
Esa suma resultó exorbitante si se considera el precio real que tenían esas empresas en el mercado. Velasco, al estatizar la IPC, dijo que exigiría la cancelación de una deuda que la IPC le tendría al Estado y declaró la fecha como el Día de la Dignidad Nacional, pero la historia –como con el Chavo- se encargó de confirmar aquello que se sospechó desde un principio.
El Perú pagó por algo que ya había sido resuelto antes por Belaunde. Mantuvo el asunto en condición de secreto debido a que no le resultaba conveniente para su retórica revolucionaria.
En diciembre de 1977 un grupo de personas identificadas con la primera fase del Gobierno Revolucionario de las FF.AA., publicó en El Comercio una carta afirmando entre otras cosas, que en el Convenio Greene-De la Flor «jamás, ni formal, ni literal, ni conceptualmente, estuvo comprendida la IPC». Un libro de Fernando Schwalb López-Aldana los refuta y cuestiona al gobierno de Velasco Alvarado. Recoge para la historia uno de los episodios más turbios del período de nuestra vida republicana, más conocido como «velascato».
Ojalá no tengamos que pasar con Camisea, el próximo 3 de octubre, otro “Día de la Dignidad Nacional” parecido al de Velasco. Suficiente será con darle una mirada a lo que está pasando en Talara, ahora, en estos días y esas refinerías (la vieja y la nueva) sobrevaluadas.