De eso que llaman vacíos legales se estaban valiendo los presidentes del Jurado Nacional de Elecciones y de la Onpe para hacer lo que les venía en gana y se reían del congreso de la república, que según el artículo 99 de la constitución, puede sancionar a los más altos funcionarios del Estado, comenzando por el presidente de la república, pero no a ellos.
Un fallo emitido ayer por el tribunal constitucional ha puesto los reflectores sobre el artículo 99 que faculta a la comisión permanente acusar ante el pleno a ministros, jueces supremos, contralores, etc. por infracción constitucional y por todo delito que cometan en ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de cesar en el cargo.
Lo que tienen que hacer en el congreso es agregar esos cargos, los de Salas Arenas y Corbetto, entre aquellos que puede sancionar el congreso y aunque demore dos legislaturas, será el comienzo de las reformas que reclama a gritos el sistema electoral.
El fallo del tribunal electoral comienza por declarar FUNDADA la demanda competencial planteada por el Congreso de la República contra el Poder Judicial; en consecuencia, nulas las resoluciones emitidas en el proceso de amparo que impedían seguir el procedimiento de designación del Defensor del Pueblo.
Igualmente declara nulas las resoluciones emitidas en el proceso de amparo que impedían la realización de investigaciones parlamentarias sobre asuntos de interés público y aquellas que impedían aplicar la reforma al consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
Y por último hace de conocimiento esta sentencia a la Junta Nacional de Justicia, para que proceda conforme a sus atribuciones sobre el comportamiento funcional de los jueces que han concedido amparos y medidas cautelares sobre las competencias políticas exclusivas del Congreso de la República.
Supongo que más de uno pondrá las bardas (no las barbas) en remojo y colocará sus chilpes en una cajita antes que lo echen del cargo que nunca debió ocupar.