Para mediados del 87 comenzarían a presentarse los primeros conflictos con los narcotraficantes cuando se enfrió la relación entre Machi y el PCP-SL. Hay versiones diversas sobre la causa detonante. Algunos dicen que mientras Machi estaba de viaje en Colombia, el PCP-SL habría matado a su hija o a toda su familia.
Otros afirman más bien que los muertos eran de un grupo de once trabajadores de Machi que el personal del PCP-SL vio hablando por radio con su jefe y pensaron equivocadamente que se estaban comunicando con el ejército; los senderistas dieron muerte a siete en la Plaza de Armas de Paraíso, perdonando a los cuatro restantes bajo la condición de incorporarse a las filas de su movimiento.
También se recopiló una tercera interpretación: que Machi había ordenado que un grupo de seis de sus hombres secuestraran a un ganadero de Paraíso. Por fortuna la víctima conocía a sus captores y logró convencerlos para que lo soltaran. Poco después el PCP-SL se enteró del secuestro y decidió enfrentarse con Machi. Fuere cual fuere el inicio del conflicto Machi llegó a «declarar la guerra» al PCP-SL y con la ayuda de la policía armó un «ejército» de cien hombres. Vistiendo uniforme policial «con rango de mayor o comandante» fue de Paraíso hasta Ramal de Aspuzana matando a cualquier persona que consideraba senderista.
El momento decisivo del conflicto vendría el mes de noviembre de 1987 cuando, en un episodio que ya ha tomado matices de leyenda, las fuerzas del PCP-SL le tenderían una emboscada en la entrada de Paraíso. La emboscada fracasa, sólo logran herirlo de bala, y Machi se atrinchera en el enorme «fortín» de concreto armado que había construido en el pueblo. Allí se inicia una batalla que dura unas 24 horas, dejando entre docenas y cientos de víctimas según la versión. Atrapado en su reducto Machi sufre numerosas bajas entre su gente, pero al final logra salvarse gracias a dos helicópteros de la policía peruana que llegan a extraerlo de su refugio.
Lo que pasó con Machi luego es menos claro. Algunos dicen que se fue a Colombia, otros que se fue a Panamá, mientras que para otros, lo mató la misma policía porque sabía demasiado. El caso de Machi es significativo en varios aspectos: por la estrecha relación y colaboración que mantuvo al principio con los senderistas, por ser el primer narco que se levantó en armas contra el PCP-SL, por el alto grado de apoyo que recibió de la policía, y finalmente por el total misterio que encubre los detalles y la naturaleza cambiante de sus alianzas.
Quizá más significativo aún, la batalla con el PCP-SL no sólo vino a anunciar el fin de Machi en Paraíso, sino el comienzo del fin de Paraíso como centro importante de apogeo, ya que al año siguiente el movimiento social de la droga se iría desvaneciendo poco a poco y los narcotraficantes importantes se irían a otros sitios, dejando Paraíso a la sujeción, cada vez más totalitaria, de los senderistas.
Para el año 88 el PCP-SL comenzaría una serie de intentos para ganar influencias entre las firmas que operaban desde la zona urbana de Uchiza. Los particulares de esa iniciativa tampoco son claros pero el siguiente caso puede ser ilustrativo. Según cuenta un señor quien antes fue un narco independiente el PCP-SL ejercía una influencia progresiva sobre el campo alrededor de Uchiza desde su ingreso a Paraíso en el 86, sin embargo, enfrentaba dificultades para implantarse en el pueblo mismo.
Las firmas que se concentraban allí eran grandes, estaban bien armadas y dispuestas a pelear entre sí. Sin embargo, sucedió que el grupo de un tal Tío Carachupa venía perdiendo un conflicto con tres firmas más y buscó la intervención del PCP-SL a fin de proteger sus intereses económicos y, se supone, su vida. A raíz de esa invitación, una comitiva liderada por el camarada «Mancini» viajó desde Aucayacu a Uchiza para reunirse con ese patrón. Es factible que con esa primera reunión se iniciara una serie de conversaciones con las firmas de Uchiza, entre las cuales figuraría la de Bombonaje al año siguiente donde Mancini pactó quizá el primer documento estipulando las condiciones a las que las firmas tendrían que sujetarse para seguir participando en el mercado de la droga.
Si bien dicho convenio estableció las tarifas de cupos que se debían pagar para operar «legalmente» en la zona, en sí solo formó parte de un conjunto de condiciones que el PCP-SL quiso impulsar para mejor someter a las firmas a su control. No queda claro si la reunión en Bombonaje se realizó antes o después del asalto sobre el pueblo de Uchiza el 17 de marzo de 1989. Ese segundo ataque y la matanza de policías que se produjo como resultado, fue un hecho humillante para la institución policial. Humillación no sólo por subrayar una vez más el apoyo popular con que gozaban los senderistas a desmedro suyo, sino por haber hecho dolorosamente evidente que ni siquiera contaban con la solidaridad de las otras fuerzas del Estado. Que éstas no acudieron a los múltiples pedidos de socorro que hicieron los policías durante el ataque, luego crearía una situación muy incómoda para el gobierno Aprista que no encontró como explicar de modo convincente por qué la orden de enviar refuerzos no se dio a tiempo.
Si bien el asalto sobre Uchiza se interpretó desde Lima como señal de que el poder y la influencia del PCP-SL sobre el Alto Huallaga habrían alcanzado su punto más alto, desde otra óptica simplemente reflejaba un ejemplo más de la táctica que venía aplicando hacía varios años: copar el rencor popular contra la policía para convertirlo en una fuente de poder propio. Es posible que la trascendencia del segundo ataque a Uchiza se debió a las repercusiones que produjo a nivel nacional, a raíz de las cuales se volvería a declarar el Alto Huallaga en Zona de Emergencia y dando al ejército la autoridad máxima sobre la región.
Dicho eso habría que preguntarse también cómo el acontecimiento figuró dentro de los planes del PCP-SL que justo en esa coyuntura proyectaba no sólo una dominación cada vez mayor sobre las firmas que operaban en Uchiza, sino también sobre el mercado de la droga en toda la región cocalera.
Lo que no puede negarse es que el año 89 marcó un punto crítico en el despliegue del PCPSL por el Alto Huallaga. Simultáneamente a los sucesos ya mencionados se dio una fuerte crisis en el precio de la droga que fuentes locales suelen atribuir ahora a la persecución policial a los carteles de Medellín y Cali en esa época. El transporte de la droga al extranjero disminuyó de modo radical, lo cual causó una acumulación de PBC y una saturación del mercado local. Como consecuencia el precio del kilo de base en el Huallaga comenzó a hundirse. De un monto que había fluctuado entre $1,000 y $1,200 por buena parte de los años ochenta perdió más de la mitad de su valor y seguía bajando hasta llegar a niveles en que ya no compensaba procesar la droga.
Con el desplome de precios el PCP-SL no sólo recibió las quejas de los campesinos cocaleros, sino que vio gravemente afectadas las economías de sus comités populares —de las cuales dependía para las redes logísticas que abastecían a sus estructuras partidarias y militares—. Frente a esta situación el PCP-SL intentó hacer subir el valor de la droga, declarando precios mínimos de compra/venta y en varias ocasiones llegando a prohibir toda transacción o salida de droga del valle.
Las prohibiciones sobre la compra/venta y transporte de droga solían implementarse a través de los paros armados, cuya función principal ya no era la de impedir el ingreso de fuerzas del Estado al valle, cosa que ya era incapaz de lograr totalmente y menos destruir infraestructura vial, sino la de forzar un alza en el precio de la PBC.
A partir del paro armado del 89 el PCP-SL comenzaría a matar traqueteros supuestamente por haber desacatado la orden de no comprar, aunque en la práctica nunca faltaban las justificaciones para eliminar a los acopiadores: fuera por «pendejadas» —traficar en dólares falsificados, droga adulterada o cometer otro tipo de estafa— o fuera «por soplón». Fuentes ligadas al narcotráfico comentan que fue en ese entonces que empezaron los abusos de los mandos senderistas quienes mataban a narcos por la sólo razón de despojarlos del dinero o droga que llevaban o tenían almacenados.
Ese tipo de malos tratos vendrían a negar la reputación justiciera y moralizadora que el PCP-SL tanto había querido crear, dejando más bien entre los que comercializaban la droga la impresión de que el grupo armado se portaba igual y de repente muchas veces peor que las autoridades de siempre.
Las matanzas, los abusos y los intentos de controlar precios e interferir en las prácticas o mecanismos del mismo mercado de la droga vendrían a crear un malestar creciente entre los narcos y contribuirían a que algunos de ellos vieran al PCP-SL como su enemigo principal. De modo paralelo a las presiones cada vez más violentas del PCP-SL, los narcos encontrarían un aliado inesperado. A raíz del segundo ataque a Uchiza se instaló la sede de la jefatura político-militar en ese mismo pueblo bajo el mando del General Alberto Arciniegas Huby. Sin entrar en detalle aquí sobre el período de Arciniegas y los logros que le atribuyen y que él mismo reivindica, me limitaré a decir que Arciniegas determinó que no sería posible reconstituir el orden interno si el Estado peruano continuaba reprimiendo a la población en general.
Su decisión de prohibir la actuación de las fuerzas policiales o la continuación de los programas de destrucción de los cultivos de la coca (tanto el roce de defoliantes como erradicación manual) en el Huallaga implícitamente reflejaba su entendimiento que dicha represión dañaba las posibilidades de exigir de la población una obediencia plena a su autoridad. Poner un alto a la interdicción policial y las labores de erradicación le disputaba al PCP-SL una de sus bases de legitimidad entre la población local.
La expansión de las actividades del ejército en el Huallaga trajo consigo otros tres cambios que a la larga afectaron más el avance del PCP-SL que sólo el hecho de haber parado de modo temporal la represión contra el narcotráfico. Estos fueron la colocación de bases militares en Uchiza, Palmas del Espino (Sta. Lucía), Tocache y Madre Mía (conjuntamente con la reorganización o refuerzo de la presencia del ejército en Aucayacu), la reanudación de trabajos de inteligencia y el mejoramiento de la Carretera Marginal, este último permitiendo restablecer una comunicación fluida con Tingo María por vía terrestre.
El 90 se consolidaría la presencia del ejército con la creación del Frente Huallaga. Retomar los pueblos principales del Huallaga y los puntos estratégicos a lo largo de la Marginal podría describir la táctica del ejército, constituyendo el primer paso en revertir el avance del PCP-SL. Ese año aparecieron bases en Tulumayo, Nuevo Progreso, Pizana y Punta Arenas, las cuales servirían para apartar más a los senderistas de la Carretera Marginal. A partir de ese entonces la amenaza del PCP-SL sobre los centros urbanos del Alto Huallaga empezaría a disminuir.
Desde sus bases el ejército ya iba desarticulando a los comités de poder popular paralelo (CPPP) que en poco tiempo privarían al PCP-SL de su red de vigilancia, al minar su habilidad de operar en los centros urbanos y dificultar un seguimiento cabal de las actividades de las firmas. Mientras los operativos del ejército en el campo golpeaban cada vez más a su estructura rural, hasta que para fines del 90 el PCP-SL ya no se encontraría en la misma capacidad de incursionar en las zonas urbanas, aunque el hostigamiento armado y presiones diversas sobre sus poblaciones continuarían a lo largo de los años noventa.
Para el PCP-SL la ascendencia del ejército peruano significó una fuerte pérdida de influencia donde más circulaba el dinero del narcotráfico aunque el costo no sólo se medía en términos económicos sino también de seguridad. Con el ejército asentado en los pueblos principales, vigilar el flujo de personas entre las zonas urbanas y rurales volvería a ser una preocupación más apremiante. Esta podría haber sido otra de las razones por la que los traqueteros, quienes conforme con su trabajo tenían que moverse constantemente entre «ciudad» y «campo», recibieron el grueso de la violencia senderista, justo en un momento en que el Partido empezó a dictar condiciones sobre la participación en el comercio de la droga. El PCP-SL en su afán de sujetar las firmas a su control, las había transformado en aliadas naturales del ejército. Las firmas encontrarían en éste un protector más discreto y menos intruso en lo que se refería al mercado, y con una apariencia además de ganador que el PCP-SL ya no podía proyectar. Informe CVR págs.. 289-293