Protestan, alegan que atenta contra la libertad de expresión y no respetan la libertad de empresa cuando en el congreso se discute la aprobación de una ley que demanda a las emisoras de radio y televisión destinen cuando menos un 30% de su programación a la difusión de contenidos nacionales.
La mayoría de emisoras supera fácilmente ese porcentaje, gracias entre otros programas, a los espacios periodísticos, las noticias.
En cuanto a temas musicales grabados, producidos o interpretados por artistas peruanos la situación es igual. La música es universal y así como hay huaynos y valses criollos, también hay cumbia, salsa, rock, rap, jazz, blues, soul, reggae, funk, música clásica, etc. de músicos peruanos, en castellano y en inglés, en chino y japonés.
Nadie pretende exigir programen determinado género musical, eso es cuestión exclusiva y excluyente de cada programador, de cada disc jockey, de cada pinchadiscos.
En resumen, la mayoría de emisoras cumple sobradamente con la cuota que pretende fijar la nueva ley, el suelo está parejo.
Las empresas de radio y tv son dueñas de sus equipos de transmisión y de sus antenas, pero no del espectro electromagnético, que es propiedad del Estado. Solo administran una frecuencia que les autorizan usar en concesión. Son concesionarios, no dueños de la frecuencia.
Al firmar un contrato de concesión, el dueño, el Estado, está en libertad de establecer las condiciones de acuerdo a criterios que tienen que ver con la preservación del patrimonio cultural de la nación y es lo que sucede en numerosos países democráticos.
Considerar parte de la programación a la difusión de autores nacionales, significa difusión de artistas que tal vez ni siquiera conocemos y mal podemos decir si gustan o no gustan al público.
En Canadá el porcentaje llega a 60% y proporciones diversas existen en Francia, Australia, Chile y Ecuador, por citar solo algunos, con porcentajes mayores al 10% que actualmente exige la Ley del Artista en el Perú.
La modificación que se está discutiendo busca elevar ese 10% a 30% atendiendo recomendaciones de organismos de las Naciones Unidas como la Unesco, para preservar el patrimonio cultural de las naciones. Es exagerado decir que atenta contra la libertad de expresión.