La epidemia y la declaratoria de emergencia son aprovechadas de distinta manera para propósitos que nada tienen que ver con acabar con la enfermedad.
Es la razón por la que debemos mirar con cuidado las medidas que dicta el gobierno, no con ánimo de obstruir ni dificultar el cumplimiento de las disposiciones, sino de precisar límites que puedan estar siendo violentados.
Entiendo perfectamente que vivimos una situación muy especial, una guerra que nos obliga a todos a permanecer unidos frente al enemigo común y el hecho de fijarnos en detalles aparentemente intrascendentes no quiere decir estar en contra. En contra están los que roban o mienten.
El ministro Zeballos ha dicho que “toda noticia, audio, documento, video o foto que no provenga de una fuente oficial es falso y compartir esa información solo genera confusión y miedo” y eso es inaceptable en una democracia.
Imponer comandos de operaciones regionales para enfrentar la epidemia, por encima de los gobiernos regionales, altera la estructura política de nuestro sistema de gobierno.
Considerar el “Consejo de Estado” como una entidad suprema y sus decisiones incuestionables debido a que cuenta con los presidentes de los poderes judicial y legislativo, afecta la autonomía de ambas entidades. Ellos ocupan cargos protocolares y no pueden asumir compromisos de jueces y legisladores.
Reorganizar el sistema privado de pensiones es una posibilidad (y necesidad) que compete a legisladores, antes que al ejecutivo que está en la obligación de cumplir y hacer respetar las leyes.
Es poco serio prometer cambios estructurales en una tercera fase, acabada la emergencia, cuando falten pocos meses para terminar el periodo de gobierno.
Precisar límites al poder es algo que requerimos para evitar excesos que puedan ser usados en otros países, por defensores de personas que deben ser extraditadas.14-04-20