Si en un principio el PCP-SL mató a la gente acusada o percibida como «maleante», ahora, en lo que era prácticamente otro nivel o etapa de «selección», las personas que no quisieron vivir bajo el régimen senderista no tuvieron otra opción que marcharse. Como resultado de esa política, muchos terrenos, fuera por abandono o por defunción, quedaron en manos directas del Partido. Para quien decidía abandonar o irse porque lo obligaron, le estaba prohibido vender el terreno o la coca que producía. La persona y su familia no podían llevar más que lo que podían cargar.
Los terrenos y plantaciones que se confiscaban se convertían en «chacras del pueblo» que eran en verdad chacras del Partido. Toda otra pertenencia decomisada o abandonada sufría similar suerte. Los delegados estaban encargados de administrar las propiedades confiscadas, convocar asambleas y sobre todo organizar a la comunidad en las faenas comunales: labores de cultivo, siembra, fumigación y cosecha en las «chacras del pueblo».
La producción que derivaba de esas actividades llegaría a constituir uno de los ingresos principales del Partido mientras que el dominio sobre la adjudicación de tierras vendría a ser quizá el primer y principal nudo del control senderista sobre el campo. Pero estas fueron sólo algunos de los cambios que Willy descubrió al regresar a San José. Notó además que ahora cuando aparecía la guerrilla, siempre de sorpresa, ya no usaba capucha. Antes cuando el pueblo no estaba «concientizado», decían ellos, les obligaba a andar con la cara cubierta.
Todavía era peligroso; abundaban los enemigos y fácilmente caerían si alguien informara. Pero con el pueblo organizado se sentían más seguros de circular «con la cara libre». La demanda por coca había incrementado considerablemente en su ausencia y cuando Willy volvió a sembrar en su chacra, se dio con la novedad que los compradores llegaban a cada rato a pedir que les vendiera hoja. Así que Willy amplió sus cultivos, sembrando varias hectáreas.
Cuando llegó el momento de cosechar, contrataba entre treinta y cuarenta peones para recoger el producto. En poco tiempo se convirtió en un cocalero relativamente próspero. Sin embargo, cuanto más afluente se hacía, mayores sus obligaciones con el Partido. Todos los cocaleros, a excepción de los agricultores más pobres, tenían que entregar un porcentaje de cada cosecha al comité. El monto variaba según la cantidad o el volumen de producción.
Willy me dijo, por ejemplo, que tenía cinco hectáreas dedicadas al sembrío de coca y con la venta de la hoja ganaba alrededor de $2,500 por cosecha. De ese monto siempre entregaba entre $500 y $600 al comité, es decir, entre 20 y 25%. El aporte exacto se determinaba en la asamblea o reunión de la comunidad, pero por lo general solamente los que producían cincuenta arrobas para arriba estaban sujetos al impuesto.
Si bien los que cosechaban menos no tenían que aportar de esa forma, el tributo que pagaban los cocaleros sobre su producción constituía uno de los ingresos principales de los comités populares del PCP-SL. Pero Willy, al volver a radicar en San José, se percató de otro cambio fundamental: la droga, que antes se trabajaba de forma clandestina ahora se vendía públicamente por toda la margen izquierda del río Huallaga.
La compra/venta era libre, libre pero controlada. Sólo se permitía la compra en sitios designados por el Partido y bajo la vigilancia de uno de sus militantes. Para entrar a comprar los acopiadores necesitaban una recomendación, es decir, contar con alguien de la zona que los contactara con los delegados del PCP-SL y los avalara antes de recibir autorización. Una vez autorizado el acopiador podría comprar, pero sólo de acuerdo a las reglas que establecía el Partido.
En la zona de Aucayacu generalmente se explica la intervención del PCP-SL en la transacción misma de la droga aludiendo a los abusos que cometían los traqueteros, quienes, según moradores del lugar, estafaban a los campesinos cocaleros al momento de comprar la droga. La estafa podía consistir en medir los kilos de PBC con una balanza adulterada o calcular mal el descuento que le aplicaban a la droga por agua o impurezas.
En parte ese tipo de engaños eran de esperarse, porque el margen de ganancia del acopiador dependía íntegramente de la ventaja que obtuviera del precio a costa del campesino cocalero. La «habilidad» para aprovecharse de la supuesta sencillez de «la gente de chacra» era motivo de orgullo para los traqueteros que provenían del ambiente más pillo que prevalecía en los pueblos grandes. Sin embargo, el Partido encontró una solución formal a las tretas de los traqueteros con la instalación de la balanza bajo administración del comité popular de cada comunidad.
Willy recalcó la situación de esta forma: La mercadería circulaba ya… los traqueteros, compradores, mucho se aprovechaban pues, robaban de los paquetes que ponían pues. Ponían a la balanza como papa así pesaban y no puedes reclamar y nada. Tanto de eso ya pues como ya estaba zona, pueblo organizando… entonces han dicho pues. Viene pues una orden de Bolsón o de Regional, ¿de dónde vendría? pues dice prácticamente los compradores hacen abuso del pueblo. Acá tiene que controlar el pueblo, controlar la balanza. Entonces ni para ellos ni para uno, tienes que pagar.
Desde antes del retorno de Willy a San José, el «control de la balanza» ya funcionaba en puntos estratégicos a lo largo de la margen izquierda del Río Huallaga. Eran sitios ubicados aproximadamente a un kilómetro de los puertos principales hacia el interior y de acceso fácil para los traqueteros que cruzaban el río en pequeños botes de Aucayacu o Ramal de Aspuzana.
Willy constató que había balanzas en Cerro Alegre (frente a Aucayacu), San Martín de Pucate y San José de Pucate, igual que en los puertos de Moena y Muyuna. Aunque parece ser que en la margen izquierda del río la institución de la «balanza legal» se extendía desde Venenillo hasta Magdalena y la Morada.
En cada sitio de control el comité del sector designaba a una persona quien se encargaba de velar por la rectitud de cada transacción. «Ellos», explicó Willy, «controlan la balanza para que no roben, para que paguen justo, ellos están mirando cuantos gramos y lo que pesa tienen que pagar». Estos veladores (o «vigilantes») eran nombrados en asamblea, convocados por el delegado. El puesto duraba una semana y se rotaba entre todos los adultos, tanto hombres como mujeres de cada caserío.
Por este «servicio» los acopiadores tenían que pagar un dólar por cada kilo pesado. El controlador recibía la plata, anotaba el monto en un cuaderno y al final de cada día sumaba la cantidad recolectada en «concepto de balanza» para su entrega o «centralización» posterior al Comité. A través de la institución de «la balanza legal» el Partido proyectaba un mensaje o promesa de justicia y a la par mediatizaba dos grupos y dos esferas sociales. Garantizaba al campesino una transacción limpia, es decir, lo que se pesaba sería exacto y que el porcentaje de descuento que se le aplicaba a la droga no sería exorbitante.
Al traquetero, el Partido le daba la seguridad de comprar sin que nadie lo sorprendiera, ni la policía, ni los asaltantes. Sólo tenía que ir directamente a una de las balanzas cuando quería negociar. En las palabras de Willy, «El pueblo pone para todos su seguridad, ellos están dando esa balanza por eso están cobrando también por dar su seguridad». Sin embargo, si el traquetero intentaba esquivar el control comprando fuera de los sitios designados, entonces el Comité le decomisaba la droga y el traquetero tenía que pagar doble por la devolución de su mercancía.
Willy era enfático cuando decía que por la zona de Aucayacu la balanza legal sólo funcionó en la margen izquierda del río Huallaga; si bien los caseríos de la margen derecha estaban organizados también por el PCP-SL, por su cercanía a la carretera Marginal, los exponía a las intervenciones constantes de las fuerzas del Estado peruano que venían de Tingo María o Aucayacu.
Mientras tanto el río Huallaga constituyó una relativa barrera u obstáculo que, sin impedir la entrada del ejército o la policía, al menos dificultaba el desplazamiento de sus fuerzas. Esa relativa demora daba tiempo a la red de informantes del PCP-SL para avisar tanto a los controladores como a los traqueteros y campesinos y permitirles hacer una fuga inmediata al monte.
Si el operativo entraba por Aucayacu, ya había gente designada para avisar a la banda, ya sea llamando por radio o «chimbando» por bote para informar al otro lado. En ese sentido la balanza legal como institución dependía del servicio de inteligencia que se había organizado tanto en la zona rural como urbana. Dicho de otra forma por el precio de «balanza» el PCP-SL o la población sujeta a éste no sólo aseguraba una protección contra el robo dentro y fuera de la transacción, sino que también prevenía los actos represivos del Estado peruano tanto los operativos anti-narcóticos de la policía o los contra-insurgentes del ejército.
Era su propio sistema de vigilancia puesto al servicio de los que producían y comercializaban la droga, es decir prácticamente, la mayoría. Además de la administración de cocales confiscados y su producción, el cobro de tributo a los cocaleros y la regulación de las transacciones de la droga dentro de sus respectivos sectores, los comités también controlaban las pistas o aeropuertos clandestinos desde los cuales las empresas o firmas de narcotraficantes embarcaban sus cargamentos de PBC a Colombia.
Cerca de San José de Pucate no había una pista pero sí, según Willy, en los caseríos de Sucre Alto, Pavayacu, Magdalena y la Morada. En estos sitios el comité recolectaba impuestos o «cupos» de las firmas por cada vuelo. El cobro se calculaba conforme al tamaño de la carga y podía llegar hasta los $15,000. Una parte del dinero se destinaba al mantenimiento de la pista, pero el grueso se «centralizaba» hacia arriba, por la cadena de mando senderista.
Durante los primeros dos años en que Willy se había reincorporado a San José con su familia, observaba como la guerrilla o «los cabezas», en su manera de decir, llegaban cada cinco o seis meses con el fin de exigir cuentas del delegado. Pedían un informe sobre el cumplimiento de tareas repartidas durante la última visita de la guerrilla, el estado económico del comité, y cualquier conflicto o problema de índole social que la comunidad no había podido resolver en asamblea.
Willy notaba que muchas veces los delegados no cumplían a satisfacción de los mandos de la guerrilla y convocaban a toda la comunidad, entre hombres, mujeres y niños. En la reunión los dirigentes elegían un nuevo delegado «a dedo». Explicó que existía una gran presión para aceptar el cargo, porque si la persona lo rechazaba, el grupo lo comenzaría a marginar, diciendo «tú no estás por la organización sino tú estás con dos caras». En muchos casos la persona aceptaba más que todo por obligación y cumplía apenas con sus responsabilidades. En otros casos la persona terminaba disfrutando del cargo y empezaba a «dirigir drásticamente», es decir de forma muy violenta.
A mediados del año 1987 el PCP-SL amplió la organización de los comités en la margen izquierda del río Huallaga, diversificando la cadena y responsabilidades de los representantes del Partido. El comité ya no dependía de un delegado sino de cinco de los cuales, tres eran principales: el mando político, mando militar y mando logístico.
El mando político coordinaba las asambleas y se responsabilizaba por impartir la enseñanza política del Partido. El militar velaba por la seguridad de la comunidad, organizaba a las milicias o «fuerza de base» y seleccionaba a los mejores combatientes para su incorporación a la fuerza local o fuerza principal del Ejército Popular Guerrillero (EGP).
En la prensa y literatura sobre el PCP-SL el término «guerrilla» generalmente se asocia más con la «Fuerza Local» que con la «Fuerza Principal». No obstante, la población del Huallaga suele usar «guerrilla» para referirse a las dos. En la estructura militar del PCP-SL, las Fuerzas Principales conforman la llamada «Red Móvil»: no tiene base fija y se moviliza de sitio en sitio. La fuerza local generalmente se desplaza dentro de la «Red Territorial» es decir las áreas ya organizadas y administradas por el Partido, y promueven acciones de menor envergadura.
El tesorero del comité era el mando logístico, el encargado de administrar los fondos y propiedades «del pueblo» pero también de suministrar las medicinas o provisiones que requiriese el Partido. A estos tres les acompañaban un secretario que «archiva todos los papeles ahí» y un cargo más que Willy no podía recordar.
Debajo de la directiva del comité venían los delegados que coordinaban directamente con la «masa» o población. Había delegados de mujeres, delegados de niños, delegados de ancianos, del sector norte, del sector sur. Según Willy, «Había delegados de todo». Los tres mandos principales eran los puntos de enlace para la guerrilla cuando éstos llegaban.
Willy dijo que generalmente los mandos de comité recibían el aviso con sólo dos o tres horas de antelación y tenían que apresurarse para hacer los preparativos. El mando militar escogía un sitio seguro donde acomodarlos para que no los encontrara el Ejército y reforzaba la vigilancia en los puertos y caminos para controlar el ingreso de personas a la comunidad. El político preparaba la reunión, porque «cuando llega la guerrilla tiene que haber reunión». Entretanto el logístico juntaba víveres para la alimentación de la tropa y compraba los pertrechos: «ropas, mochilas, linternas, pilas, esas cosas te piden, necesitamos eso, entonces el logístico tiene que de eso preocuparse, si no tiene fondo, aunque sea prestándose, ahí te obligan».
Willy conoció muy de cerca las responsabilidades del logístico a raíz de que a mediados del 88 lo nombraron al cargo. Durante un año le tocaba atender las necesidades «del pueblo» y mantener la contabilidad sobre propiedades, producción y finanzas del comité. Si alguien se enfermaba, tenía que buscar medicina, si se declaraba un paro armado tenía que reunir las provisiones que pedía el Partido. Y cada vez que visitaba la guerrilla había que entregarle la mayor parte del tesoro. Informe CVR
