Bloquear carreteras y tomar aeropuertos fue parte de la estrategia senderista para intentar generar un clima de caos general, aislar ciudades de mayor convulsión social y les comenzó a funcionar en los primeros días.
Las disposiciones de Dina Boluarte que ataron de manos a los policías permitieron que avance el clima de violencia, hasta que en reunión con los responsables de otros poderes del Estado se decidió declarar emergencia nacional y autorizó el uso de las armas a policías y militares, de acuerdo a sus reglamentos.
Hubo que demostrar cómo es que los revoltosos fabrican armas de fuego y usan dinamita para atacar a las fuerzas del orden.
Con la declaratoria de emergencia se desinfló en un día lo que amenazaba abrir las puertas al caos y la anarquía, policías y militares desbloquearon carreteras y recuperaron la seguridad en los aeropuertos.
A las ocho víctimas de los primeros días se sumaron ayer otros siete, en Ayacucho y el ministerio de Educación dispuso el retorno a las aulas, se reanudó la venta de pasajes a provincias y hoy debe estar ocurriendo lo mismo en aeropuertos liberados de la amenaza terrorista.
Hoy también debe comenzar la detención de los instigadores de la violencia, identificados varios de ellos por los policías que aguardan las órdenes judiciales para proceder de acuerdo a ley.
El toque de queda en los lugares donde hubo los mayores desórdenes dejará sin fiestas de fin de año a esas ciudades, mientras el congreso debate el adelanto de elecciones que es algo que pedimos todos y para lo que no había necesidad de ningún disturbio.
La justicia confirmó los 18 meses de prisión preventiva a Pedro Castillo, por el intento de golpe de Estado, por lo que tiene asegurados cuando menos otros diez años de cárcel. Su cómplice Aníbal Torres tiene comparecencia restringida, pero sigue en la clandestinidad y a los otros les llegará lo suyo más adelante.
La legislatura fue ampliada hasta fines de enero para terminar cuanto antes con el cronograma que permita el adelanto de elecciones con reformas en el sistema electoral, sobre el que persiste justificada desconfianza.
Lo más probable es que tengamos otro presidente de la república el 28 de julio del 2024 y mientras tanto Dina y sus ministros tienen la tarea de limpiar la administración pública infestada de una plaga que venía causando daño al país.
Ayer terminó la revolución del lapicito.