La cuestión de confianza que plantea Aníbal Torres al congreso, para lo que pide ser recibido mañana por el pleno, no tiene otro propósito que el de escalar la confrontación entre los dos poderes del Estado con el ánimo de disolver el parlamento, como alguna vez ocurrió con Fujimori y después con Vizcarra y continuaron en el poder hasta que los vacaron.
Lo que plantea Torres está fuera de la ley, es ilegal por donde se le mire y así quedó establecido a principios de este año cuando el Tribunal Constitucional confirmó la legalidad de la norma que precisa que se produce denegatoria de confianza únicamente cuando así lo señala expresamente el pleno del congreso.
Torres y Pedro Castillo están escalando la confrontación a un nivel de desenlace violento, con la disolución y eventual instauración de una dictadura como la venezolana, nicaragüense o cubana.
Las fuerzas armadas nada hicieron por defender la constitución cuando los golpes de Fujimori y Vizcarra. Al contrario, aprovecharon la circunstancia (los jefes) para compartir el poder sin tener que cargar con la culpa, aunque en el caso de Fujimori varios generales fueron a dar con sus huesos a la cárcel, hasta ahora.
Entonces es oportunidad para que esta vez salgan en defensa de la constitución, como han proclamado ya tantas veces, antes que la marea del autoritarismo los trastorne y se conviertan en la nueva versión de Hermosa Ríos o César Astudillo Salcedo.
No es una cuestión de confianza, es una cuestión de desconfianza la que circula por los pasillos del congreso de la república que terminará disuelto antes que cante el gallo, salvo que hoy mismo aprueben la acusación que por traición a la patria maceran desde hace un año en la subcomisión de acusaciones constitucionales.
Deben vacar a Castillo por la comprensible desconfianza que existe en el país en un gobierno cleptocrático enrumbado hacia una dictadura inspirada en el socialismo del siglo XXI.
Hace 33 años, un día como hoy, cayó el muro de Berlín y lo trajeron al centro de Lima para proteger a los corruptos.