El problema con la Junta Nacional de Justicia comienza por un nombre que aparenta ser un organismo que administra justicia y hasta se arroga ser otro poder del Estado.
No puede haber interferencia con la administración de justicia puesto que esta Junta no administra justicia, no es de su competencia. La JNJ es una oficina evaluadora del desempeño de jueces y fiscales que es algo muy diferente. Tienen potestad para nombrar, ratificar o cesarlos y punto. No administra justicia, ese es un asunto que compete única, exclusiva y excluyentemente al Poder Judicial, a los jueces.
De modo que cuando alegan interferencia de poderes no solo está exagerando sino confirmando aquello que un título rimbombante induce a pensar, que los congresistas interfieren en decisiones de otro poder del Estado, en fallos judiciales y eso no es así.
Habría que comenzar por cambiar de nombre a lo que ayer fue el Consejo Nacional de la Magistratura. Son los encargados de medir la calidad en el desempeño de jueces y fiscales.
El Caso Odebrecht, el mayor caso de corrupción en la historia del país es una prueba de fuego no solamente para jueces y fiscales, sino también para los integrantes de esta junta que parecen haberse sumado al ejército de funcionarios dispuestos a permitir que la mafia brasileña salga bien librada, al igual que sus cómplices peruanos del Club de la Construcción.
Convertirse en cómplices de malos jueces y fiscales, redactando comunicados para que el Congreso no los investigue ni sancione si constituye una grosera interferencia, por ejemplo, el caso de la Fiscal de la Nación que se negó a investigar a Vizcarra y a Castillo.
Y que algunas embajadas firmen también un comunicado amparando reclamos de los miembros de esta junta es otro caso de flagrante interferencia en asuntos internos del Perú.
Ningún gobierno de un país soberano pude permitir tamaña intromisión y la actitud pusilánime de Dina Boluarte desnuda una incompetencia advertida hace tiempo.