Cuando fue titular de Justicia, García Sayán mantuvo a los procuradores Ad Hoc del caso Montesinos contratados por Alberto Fujimori, es decir, José Ugaz de la ONG Proética y a su socio Luis Vargas Valdivia. Pero antes de incorporar a Ronald Gamarra (de la ONG Instituto de Defensa Legal) a la procuraduría en asuntos de derechos humanos, convocó a Javier Ciurlizza Contreras como jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Justicia y el 16 de enero del 2001, lo nombró presidente de la Comisión de Indultos, Derecho de Gracia y Conmutación de Penas para los casos de terrorismo.
Quienes conocen el pasado de Ciurlizza afirman que militó en la filas del Partido Comunista Revolucionario y hace poco se hizo tristemente célebre cuando se difundieron unos audios donde se escucha a Ciurlizza intercambiar ideas en la Base Naval con los cabecillas de Sendero Luminoso y del MRTA, sobre varios puntos de agenda, como la irresponsable flexibilización carcelaria y la misma composición de la Comisión de la Verdad (CV), mientras Abimael Guzmán exigía que lo trataran como «preso político».
Acto seguido, Ciurlizza habría de ser secretario ejecutivo de la CV, para finalmente recalar en una dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por si fuera poco, en agosto de 2006, durante el gobierno de Alan García, se nombró como Vicepresidenta del INPE, a Susana Silva Hasembank, actual esposa de Javier Ciurlizza, quien ya se había desempeñado como Segunda Vicepresidente del INPE entre marzo de 2004 y febrero de 2006; además, ha sido asesora jurídica del Comité Internacional de la Cruz Roja con sede en Lima, Perú.
Otro integrante del aparato neomarxista caviar en el sector justicia, ha sido Iván Bazán Chacón, de la ONG Fedepaz (Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz). Fue el primer secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y Conmutación de Penas.
En este esquema de infiltración, no llamó la atención que en la procuraduría Ad Hoc anticorrupción se incluyera a Ronald Gamarra, cuyo historial es bien conocido, no sólo en los claustros de la Universidad Mayor de San Marcos, sino como activista de «Pueblo en Marcha» (fundado en 1983), que junto a la Unidad Democrática Popular de Cecilia Oviedo, hoy exiliada en México, fungían como brazo legal del MRTA. Debido a estos antecedentes, no extraña el fundamentalismo de Gamarra y su actitud carcelaria para con los militares y policías acusados de presuntas violaciones de derechos humanos. A la luz de estos sucesos, resulta condenable la indolencia y en muchos casos complicidad abierta del gobierno de Alejandro Toledo, quien alertado del juego propio en que estaban inmersos estos personajes que usaban sus cargos y la política anticorrupción para sus venganzas político-ideológicas, no hizo nada para impedirlo y únicamente procedió a remover a un sector de ellos, cuando comenzaron a investigar denuncias de corrupción que salpicaban al propio Toledo y a sus familiares. Peor aún, al designar a un nuevo procurador anticorrupción, Toledo y sus asesores siguieron la misma tendencia: el elegido fue Antonio Maldonado, también ex militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR). Circunstancias similares se produjeron en el Ministerio Público, donde se encumbró en el poder el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, que igualmente fuera del PCR en la Universidad Mayor de San Marcos.
En el Poder Judicial el máximo exponente de la red neomarxista sería el vocal supremo César San Martín Castro, socio entre el 2000 y el 2004, del Estudio Benites de Las Casas, Forno & Ugaz Abogados. César San Martín es señalado por muchos como el teórico de gran parte de la legislación antigarantista y jacobina en materia judicial anticorrupción, aplicada desde el 2001 hasta la fecha. Siempre con el obsesivo respaldo político y confabulaciones del entonces poderoso ministro de Justicia Fernando Olivera Vega, líder del FIM aliado del gobierno toledista, el vocal supremo César San Martín Castro, sería el creador de la figura jurídica de «complicidad en peculado» que habría servido para encarcelar a corruptos pero también a muchos enemigos políticos de la izquierda caviar.
Esta red neomarxista promovió el talionaje político y judicial atropellando principios básicos del Derecho, como la no retroactividad de las leyes; la preexistencia jurídica del delito a los hechos materia de acusación; la presunción de inocencia y el plazo perentorio de la detención sin sentencia, entre otros más; panorama que configura una violación sistemática del debido proceso en contra de los inculpados por la presunta comisión de actos de corrupción o violación de los derechos humanos, que fueron juzgados durante las administraciones de los presidentes Paniagua y Toledo.
El grupo reciclado de los camaradas tiene además sus tontos útiles y ejecutores en la Judicatura. Para algunos podría estar en la segunda categoría Juan Jiménez Mayor, ex viceministro de Justicia y Secretario Técnico de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia- (Ceriajus), donde la izquierda caviar no dejó pasar la oportunidad para ubicar como «representante de la sociedad civil» a David Lobatón Palacios, activo operador de Instituto de Defensa Legal (IDL).
En este marco, el IDL y su hijo el consorcio Justicia Viva, habrían beneficiado mediante respaldo académico, social y de promoción mediática a varios magistrados anticorrupción: Inés Felipa Villa Bonilla, Inés Tello Valcárcel de Ñecco, Hilda Cecilia Piedra Rojas, Araceli Baca Cabrera, Susana Inés Castañeda Otsu, Carlos Ventura Cueva y Saúl Peña Farfán, entre otros. En el área administrativa, durante el período en que fuera presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Sivina Hurtado, estuvo en la secretaría técnica del Poder Judicial la abogada Rosa Mavila León (Universidad Mayor de San Marcos y ex militante del PCR). Mavila León no niega su pasado radical y ha reconocido en una entrevista al diario El Comercio en agosto de 2006, que siendo abogada defendió a un acusado de terrorismo que luego habría sido absuelto por la Corte Suprema. Además, ella ha sido una pieza clave: en la gestión de Toledo fue procuradora pública en asuntos judiciales y de terrorismo del Ministerio del Interior, así como asesora en el Acuerdo Nacional por la Justicia. Pero su influencia llegaría lejos, Rosa Mavila también ha ejercido como secretaria general del Ministerio de Educación y Coordinadora de la Comisión de Reestructuración del Poder Judicial; docente del Programa de Capacitación para Fiscales y Vocales aspirantes a la Corte Suprema de la Academia de la Magistratura y antes integró el equipo técnico de la Iniciativa Nacional Anticorrupción que fuera encabezada por Monseñor Miguel Irízar, durante el Gobierno de Paniagua en el 2001.
Como si fuera poco, en agosto de 2006, el Ministerio de Justicia, designó a Rosa Mavila, como jefa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Igualmente, en septiembre de 2006, surge otra muestra del poder de los lobbies de la izquierda caviar: la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) encargada de supervisar a las ONGs, nombró a Mariella Pinto Rocha, en el puesto de asesora principal de este organismo. Mariella Pinto es una profesional especializada en educación inicial, que ha trabajado desde el 2001 en el ministerio de Justicia a cargo del proyecto de reforma de los centros carcelarios y además estaría vinculada sentimentalmente a Diego García-Sayán.(El plan del Foro de Sao Paulo para destruir las Fuerzas Armadas).