Lo que el escándalo por la compra de biodiésel y cuestionados nombramientos en Petroperú no pudieron, si parece será posible por la fallida designación de Daniel Salaverry en Perupetro: La interpelación al ministro Eduardo González Toro de la cartera de Energía y Minas es un hecho y la inminente sanción política a Salaverry también.
Congresistas de Avanza País, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y los No Agrupados decidieron interpelar al ministro y en la siguiente sesión corresponderá fijar hora y fecha para que González Toro explique todos estos asuntos motivo de escándalo en su sector.
Igualmente, con 81 votos a favor, 24 en contra y 12 abstenciones, el Pleno del Congreso acordó continuar con el trámite de la acusación constitucional contra el ex presidente del Congreso, Daniel Salaverry Villa, a quien se le acusa por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso, falsedad ideológica y falsedad genérica, en agravio del Estado (mismo comepollo).
El delito de peculado doloso sanciona, en líneas generales, a aquel funcionario que aprovechando su cargo se apropia o utiliza indebidamente bienes públicos en provecho personal o de un tercero.
Salaverry pretendió renunciar a la prerrogativa del antejuicio político, para concluir –de oficio- su proceso en el fuero parlamentario a efectos que su expediente sea remitido directamente a la Fiscalía de la Nación.
Ante la ausencia del acusado, a pesar que fue invitado para que rinda sus descargos frente a los hechos penales que se le imputan, la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, anunció que el Consejo Directivo del Parlamento fijará una nueva fecha para citar al ex congresista Salaverry, y luego debatir y votar el informe final que acumula las denuncias constitucionales 135, 139 y 143.
Durante el debate, correspondió a la congresista Rosío Torres Salinas (APP), presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, insistir en continuar con el procedimiento del antejuicio que se le sigue al ex congresista Salaverry. Sus colegas Martha Moyano (FP), Eduardo Salhuana (APP) y Luis Aragón Carreño (AP) coincidieron con esta determinación, la misma que fue aprobada con el voto mayoritario del pleno.