Típico exponente caviar prefirió no escuchar denuncias de irregularidades en las elecciones del 2021 y siguió su camino pañuelo de seda al cuello y consumo generoso de cupcakes, Francisco Rafael Sagasti Hochhausler nació en Lima el 10 de octubre de 1944, ingeniero industrial, investigador y político ocupó la presidencia también por casualidad.
A lo largo de su carrera, se desempeñó como consultor y asesor en diversos organismos internacionales, en los años setenta en la Comisión Económica para Latinoamérica (CEPAL), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre otros.
Su ascenso a la presidencia se produjo en medio de una crisis política intensa tras la renuncia de Manuel Merino, desencadenada por protestas masivas. El 16 de noviembre de 2020, Sagasti fue elegido presidente del Congreso y, poco después, asumió la presidencia de la República por sucesión constitucional. En este contexto, autodenominó su gobierno como un «gobierno de transición y emergencia».
No solo tuvo que enfrentarse a la pandemia del COVID 19, sino también a conflictos sociales profundos que emergieron durante su administración. El paro agrario que afectó a regiones como Ica, Piura, La Libertad y Apurímac resultó en trágicas pérdidas humanas, incluyendo la muerte de un menor de 16 años. Las protestas antimineras en Junín también evidenciaron el descontento social. Estos eventos pusieron de relieve la necesidad de abordar las demandas sociales.
Tras culminar su mandato, se le abrió un juicio político debido a presuntas irregularidades en el retiro de altos mandos de la Policía Nacional del Perú. Este hecho muestra la complejidad de la política peruana y cómo las decisiones tomadas en situaciones críticas pueden tener repercusiones significativas.
El 23 de noviembre de 2020, anunció que había decidido hacer cambios en los altos mandos de la Policía Nacional y anunció que designaría al general César Augusto Cervantes como comandante general. Tras el anuncio, los generales Orlando Velasco Mujica (comandante general), Jorge Lam Almonte (subcomandante general) y Herly Rojas Liendo (inspector general) renunciaron a sus puestos. En las cartas de renuncia, advirtieron que el General Cervantes ocupaba el número 18 en el escalafón de oficiales y que de su designación contravenía sus leyes y reglamentos. Esas leyes establecen que el Comandante General deberá ser elegido entre los Tenientes Generales de mayor antigüedad en el escalafón de oficiales. En caso de no alcanzar disponibilidad de Tenientes Generales, la terna se completará con los Generales de mayor antigüedad en el escalafón de oficiales.
El nombramiento fue oficializado el 24 de noviembre con el refrendo del ministro del Interior Rubén Vargas Céspedes. Con dicho nombramiento, 17 oficiales generales pasaron al retiro.
Sagasti, objetó la petición de una auditoria internacional a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que disputó Keiko Fujimori frente al izquierdista Pedro Castillo. Fujimori presentó a Sagasti la solicitud formal y el jefe de Estado respondió que “no resulta posible jurídicamente”.
Uno de los hitos importantes en su vida ocurrió en 1996, cuando fue secuestrado por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) durante la toma de la residencia del embajador de Japón. Este evento marcó un punto de inflexión, pero Sagasti logró salir ileso después de unos días de cautiverio. Pidió autógrafos a los líderes terroristas que optaron por soltarlo, entre los primeros.
La experiencia de Sagasti en el Banco Mundial, donde desempeñó diversos roles también ha sido fundamental en su carrera. Como jefe de la división de planeamiento estratégico y asesor en diferentes departamentos, adquirió un entendimiento profundo sobre las dinámicas del desarrollo económico y las políticas públicas.
En el ámbito político, impulsó la creación del Partido por la Democracia Social (PDS) – Compromiso Perú en 1999, junto a figuras como Susana Villarán y Gustavo Guerra-García. Este partido tuvo como objetivo promover un enfoque progresista en la política peruana, buscando atender las necesidades de los sectores más vulnerables de la población.