El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) es un tribunal arbitral al que acuden las empresas y países cuando quieren resolver controversias por decisiones a veces erradas.
Cuando la razón está del lado de las empresas, entonces los Estados se ven en la obligación de compensar y uno de los casos más recientes es el fallo a favor de Bear Creek Mining contra el Estado peruano, por la concesión del proyecto de plata Santa Ana, en Puno. El tribunal dispuso una reparación de 30.2 millones de dólares por daños y perjuicios.
Camisea cuesta mil veces más y en este momento es imposible e inútil la estatización. Después de dos años de coronavirus la economía nacional está quebrada por el mal manejo de la epidemia. Nos endeudamos con bonos para poder comprar vacunas.
La masificación del gas es un asunto que no pasa por estatización sino por montar una buena red de distribución y comercialización que no existe por desidia del Estado.
Supongo Pedro Castillo se habrá convencido de esa realidad luego de visitar ayer Camisea. Supongo también alguien le habrá explicado lo ocurrido en países vecinos con estatizaciones similares.
En 2011 Argentina había tenido que importar unos 9 mil millones de dólares en combustible, un aumento de 110% con respecto al año anterior. Para revertir esa tendencia el gobierno decidió nacionalizar la empresa y si bien una de las intenciones de la presidenta Cristina Fernández era revertir la creciente dependencia del país del combustible importado, en 2012 la compra de petróleo y gas aumentó a nueve mil 500 millones y el 2013 fue peor.
La balanza comercial de hidrocarburos indica que Argentina sigue importando grandes cantidades, ha tenido que pagar por los bienes expropiados y tiene un déficit anual de más de 3 mil millones de dólares, solo en combustibles.
La ‘nacionalización’ del gas en Bolivia el 2006 fue una firma obligada de contratos que cambió las condiciones que tenía con empresas que terminaron en manos del Estado. Entre el 2008 y 2014 se vieron favorecidos con el alza del precio del petróleo, hasta que regresaron a sus precios normales.
Lo cierto es que en Bolivia no existió una verdadera «estatización». De haberlo hecho estarían como Venezuela: no podrían producir. La razón por la que pueden hacerlo es porque YPFB subcontrata todas las actividades a empresas privadas trasnacionales.
Aun así, el diagnóstico es dramático, no hay reposición de reservas lo que obliga a invertir en pozos sin resultados y si no hay un cambio de modelo, en 10 años Bolivia va a necesitar importar gas natural para abastecer su mercado interno, porque la empresa estatal quedó sin recursos y no tiene capacidad financiera ni técnica para reponer reservas.