Organización criminal, tráfico de influencias y colusión son algunos de los delitos que la fiscal de la nación atribuye al presidente Pedro Castillo, en la acusación constitucional que presentó ayer al congreso de la república.
Más de 300 páginas con testimonios corroborados de colaboradores que sustentan un procedimiento nunca antes visto en la historia política del país, ponen al borde del precipicio al gobierno de un partido político que llevó al poder al profesor Castillo y alcanzó poco más del uno por ciento de votos en las últimas elecciones en Lima y resultado similar en el resto del país.
Si bien es cierto que las elecciones del 2021 le confiaron el poder hasta el 28 de julio del 2026, también es cierto que no todos los presidentes llegan a concluir sus mandatos cuando afloran delitos y terminan escapando como en el caso de Fujimori, renuncian como Kuczynski o son vacados por incapacidad moral como a Vizcarra, solo por mencionar lo ocurrido en pocos años de este siglo.
En el siglo pasado eran los golpes de Estado los que ponían fin al mandato gubernamental de presidentes que perdían el respaldo popular o en el entendido de las cúpulas militares resultaba pertinente acabar de manera abrupta.
La fiscal de la nación Patricia Benavides Vargas se ha ganado a pulso un lugar privilegiado en la historia del país y fue muy clara al señalar al congreso como el responsable de lo que pueda ocurrir más adelante. Les ha dicho que está en sus manos la siguiente decisión.
Lo que ocurra más adelante puede ser la aprobación de la acusación, que no es otra cosa que autorizar prosiga con la investigación al presidente o tal vez, como sostienen algunos juristas, procedan a suspenderlo en el ejercicio de la presidencia.
Lo único que ha quedado meridianamente claro es que, con esta denuncia fiscal, Pedro Castillo perdió autoridad moral para continuar en la presidencia de la república y lo que veremos más adelante será una suerte de zombie paseando por el país en el avión presidencial.