Además de los moraditos (3) son muy pocos los que se oponen a una ley aprobada por abrumadora mayoría en el congreso y refrendada por el poder ejecutivo. El país entero está de acuerdo con la ley, excepto dos ministros ideologizados y unos pocos periodistas que disparan contra la ley y crean la sensación de una gran oposición.
La mayoría de estos cuestionadores sufre alguna disforia de género, no coincide el sexo con el que nacieron con su manera de pensar, con su identidad sexual. Padecen algún trastorno.
Son estos personajes los que desatan toda una chilla contra la ley que no hace otra cosa que restituir el derecho de los padres de familia a participar en la educación de sus hijos según sus principios y valores, según manda la declaración universal de los derechos humanos (26-3).
“Los padres de familia participan en el proceso de elaboración de programas y el contenido de los materiales, textos y recursos educativos para la Educación Básica de manera institucional, a través de las APAFA, comités, asociaciones civiles u otras instancias de representación”, dice la ley.
Afirma que “los funcionarios y servidores civiles del sector educación no podrán aprobar o publicar materiales, textos ni recursos educativos sin que los padres hayan participado”.
Evitará se repitan los incómodos momentos de un pasado reciente cuando se descubrió que el ministerio de educación distribuía guías de educación sexual con links que inducían a los niños a ingresar a páginas con escenas de orgías sexuales, entre otras aberraciones de algunos que padecen disforias.
La ley demanda “pleno respeto de la libertad religiosa o convicciones morales de los educandos y de sus padres” y enfatiza que “la educación no debe ser un medio para promover ningún tipo de ideología social o política”.
Aunque a los promotores de la ideología de género les duela, esta ley es un triunfo valioso e indiscutible de los impulsores del movimiento “con mis hijos no te metas”.
Mientras en Estados Unidos la Corte Suprema anuló el caso Roe contra Wade, al considerar que ya no existe el derecho constitucional federal al aborto. Es la decisión más importante del Tribunal Supremo en décadas y transformará el panorama de la salud reproductiva de las mujeres en ese país.
Los “progresistas” pueden practicar en la intimidad todas las aberraciones que gusten pero no tienen ningún derecho a decir que son algo “normal” ni mucho menos a imponerlas contra la voluntad de los padres de familia.