Habrá que darle tiempo al tiempo para que se demuestre, una vez más, que en el Perú al único presidente que pueden aplicarle la tesis de la autoría mediata es Alberto Fujimori, a nadie más se le ha condenado por muertes ocasionadas por excesivo uso de la fuerza pública.
Pero se equivocan los políticos, analistas y opinólogos que califican de inoportuna la denuncia constitucional contra Dina Boluarte y algunos de sus ministros, por las muertes ocurridas entre diciembre del año pasado y marzo de este año, por el supuesto uso excesivo de la fuerza pública.
Incluso llegan a concluir que es consecuencia de la operación Valkiria V, cuando es todo lo contrario. Esa operación policial-fiscal es consecuencia de la denuncia que se preparaba en la fiscalía de la nación desde hace meses, como corresponde por obligación constitucional de la fiscalía.
Gente del gobierno, al enterarse de la inminencia de esta acusación, rápidamente montó Valkiria V para, repitiendo lo que anteriormente ideó el lagarto Vizcarra contra el ex fiscal Chávarry, hacerse nuevamente del control de esa entidad.
Se conoce el nombre de quienes montaron la patraña que causa revuelo internacional, debido a que muchos de los que ahora califican de inoportuna la denuncia fiscal, hace tiempo recurren a organismos internacionales para buscar castigo contra la presidente Boluarte.
Ellos son los mismos que en las plazas de Cusco, Arequipa y Puno, Apurímac, Ayacucho y Andahuaylas gritan Dina asesina y reclaman esta misma denuncia que ahora les resulta extraña. Es la paradoja de una izquierda extraviada en el laberinto de una complicidad corrupta.
Dina allanó inútilmente la fiscalía con el ánimo de impedir una acusación que podría ser aprobada en el congreso y más tarde podrían decirle los jueces lo mismo que le dijeron a Fujimori.