Los miembros de la Junta Nacional de Justicia han incurrido en delitos como sancionar a una Fiscal de la Nación, cuando ella goza de una prerrogativa constitucional del antejuicio político. Los miembros de la Junta, se saltaron a la garrocha este procedimiento e incurrieron en delito por el cual deben ser removidos de sus cargos.
El antejuicio político es una prerrogativa constitucional de índole procesal cuyo procedimiento es aplicado en sede parlamentaria. Su objetivo es que, si el caso lo amerita, el Congreso emita una acusación constitucional a fin de que se pueda procesar a determinados altos funcionarios por haber incurrido en delitos en ejercicio de su función.
El artículo 99 de la Constitución establece que los titulares de dicha prerrogativa son los congresistas de la República, el Presidente de la República, los ministros de Estado, los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, los Vocales del Corte Suprema, los Fiscales Supremos, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República.
El penalista Mario Amoretti cuestionó a los miembros de la JNJ “Marita Barreto ha admitido que ella no investiga a Patricia Benavides, y tengo una pregunta que no tiene respuesta hasta ahora: ¿Quién en la Fiscalía está investigando a Patricia Benavides?”, la razón por la cual es separada de su cargo la Fiscal de la Nación es porque viene siendo investigada en la fiscalía, señalan en su argumentación.
Marita Barreto alega que ella no investiga a la fiscal Benavides debido a que no tiene competencia para hacerlo, es una fiscal provincial, encargada de una fiscalía superior y una fiscal superior no tiene competencia para investigar a una fiscal suprema.
Al contrario, miembros de la JNJ fueron denunciados por la fiscalía ante el congreso de la república mucho antes del proceso express seguido contra la fiscal Benavides, lo que configura un abierto conflicto de intereses