Ytala Tipula, dirigente del Partido Popular Cristiano del Rímac fue asesinada la mañana de ayer de varios disparos en el Asentamiento Humano San Juan de Amancaes, en el Rímac.
Juan Carlos Santiago Lozano, Secretario Provincial de Lima Sur-Este me dio la mala noticia de una amiga con la que habíamos estado departiendo el último sábado en la Convención de dirigentes distritales del PPC.
Ytala tenía un brillante futuro político en nuestro país, se desempeñaba como Gerente del Estudio Jurídico Aníbal y Asociados SAC, fue destacada alumna de la institución educativa Coronel Jose Félix Bogado, estudió Derecho y post grado en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
Pese a las reiteradas denuncias y advertencias hechas por la situación que se vive en ese distrito, las autoridades incompetentes del actual gobierno no hacen nada por frenar la ola de criminalidad que azota al país.
Esta vez fue el turno del distrito del Rímac y el asesinato suena a advertencia para los ciudadanos de todos los partidos políticos que incursionan en la política, señalados como las próximas víctimas de los extorsionadores.
Triste espectáculo de la presidente Dina Boluarte y de sus ministros, cautivados por los protocolos diplomáticos de la cumbre de la APEC, cuando no se capacitaron nunca para dirigir el país.
El Rímac se vio sacudido por la trágica noticia del asesinato de una destacada dirigente del Partido Popular Cristiano (PPC) YtalaTipula. El impacto de la violencia política, sumado al descontento social, nos lleva a reflexionar sobre las profundas raíces de este problema y lo que significa para la democracia en Perú.
El asesinato, que se produjo en plena luz del día, involucra a un dirigente que había dedicado su vida al servicio de la comunidad. Este suceso no solo destroza la vida de una persona y su familia, sino que también deja ver un panorama sombrío sobre el estado de la paz y la seguridad en el país. En un contexto donde la criminalidad parece extender sus tentáculos, la imagen de un gobierno incapaz de proteger a sus ciudadanos se hace más evidente. ¿Qué más tiene que suceder para que las autoridades tomen medidas efectivas contra la violencia?
Cada crimen, cada acto de violencia, es un reflejo de un gobierno que ha fallado en brindar las condiciones mínimas de seguridad y bienestar. El mal gobierno no solo se traduce en corrupción y falta de oportunidades, sino que también alimenta un ciclo de desesperación que puede llevar a la violencia. En este caso, el PPC, un partido político que ha sido parte esencial del tejido democrático del país, pierde a uno de sus miembros más valiosos. Este tipo de actos desafía a la sociedad a cuestionarse: ¿estamos realmente protegidos?
Después del asesinato, la reacción de la comunidad ha sido de indignación y miedo. Los ciudadanos del Rímac exigen justicia y respuestas por la muerte de su lideresa. Sin embargo, la responsabilidad no debe recaer únicamente en la población; las instituciones estatales deben reaccionar con urgencia. La falta de acciones concretas frente a esta escalofriante realidad puede resultar en una mayor polarización y una posible inestabilidad social. Es vital que el gobierno asuma su responsabilidad y trabaje en políticas adecuadas para combatir la violencia y garantizar la seguridad de todos los peruanos.
El asesinato de una lideresa comunitaria no puede pasar desapercibido. Cada vida perdida es un golpe a nuestra democracia y un recordatorio de que es necesario actuar. La sociedad civil, los partidos políticos, y las organizaciones no gubernamentales deben unirse para exigir un cambio. Ahora es el momento de levantar la voz, de demandar un cambio estructural en la forma en que se aborda la violencia en el país. No podemos permitir que el miedo gobierne nuestras vidas; el futuro de nuestras comunidades depende de nuestra capacidad para resistir y luchar por lo que es justo.
El asesinato de esta dirigente del PPC es un símbolo de un mal gobierno que ha dejado a muchos en la incertidumbre. Si bien la pérdida es devastadora, también nos brinda una oportunidad para reflexionar sobre lo que queremos para nuestro país y cómo podemos trabajar juntos para construir un entorno más seguro y democrático. La lucha continúa, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar.