El caso de la fiscal Patricia Benavides no comienza con la intervención a las oficinas de sus asesores, empieza mucho antes, hace un año, con el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo y la protesta de sus promotores entre los que está Sendero Luminoso.
Cuando perdieron el gobierno desataron una ola de terror que desencadenó el bloqueo de carreteras y ataque a oficinas fiscales y judiciales, municipales y de la Sunat, empresas privadas y aeropuertos, asesinatos de civiles, policías y militares.
La represión significó también la muerte de alrededor de medio centenar de manifestantes y eso tenía que ser investigado, menudearon las denuncias de supuesto exceso o abuso en el uso de la fuerza pública.
Y seguramente pudo ser investigado y resuelto dentro del cauce legal si de manera simultánea a la fiscal de la nación no se le ocurre sancionar también a los fiscales de Odebrecht, sobre quienes pesa una condena de la opinión pública.
La sanción de ocho meses impuesta a Vela Barba y la investigación abierta a Pérez desató la ira del poder tras el trono y terminó por separar a Patricia Benavides de la fiscalía de la nación.
La Junta de Justicia decidió apartarla del cargo en franca maniobra de traición a los intereses nacionales, la responsable de acabar con el régimen extremista de Pedro Castillo no podía seguir en el cargo, era un peligro para ellos mismos.
Mientras tanto, las demandas de investigación y sanción a los miembros de la junta caminan a paso de tortuga en el congreso de la república, adormecidas por la complicidad de personajes corruptos comprometidos en actos que el país conoce, pero no son sancionados.
Es el temor a hacer cumplir las leyes, como aquella que limita a 75 años de edad la permanencia en la función pública, que rige en todas las entidades del Estado, salvo en esta camarilla de reptiles arrogantes, último reducto del poder caviar.
El país le debe un homenaje a Patricia Benavides, una mujer valiente que supo enfrentar la corrupción con valor y sacrifico.