Los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba son objeto de procesos sancionadores por parte del organismo de control interno de la fiscalía, por razones que tienen que ver con declaraciones atrevidas, descaradas, insolentes e irrespetuosas formuladas de manera pública contra autoridades de la misma fiscalía y jueces que ven sus casos.
Vela recurrió a un certificado médico que puede convertirse en otra razón para ser procesado y sancionado. Pérez llora en la televisión haciéndose la víctima.
La opinión pública quisiera, en cambio, que los castiguen por la pésima manera como han llevado sus casos, en los que confundieron su rol y en lugar de acusadores parecen defensores de Odebrecht, OAS, Camargo Correa y Andrade Gutiérrez.
Estados Unidos cobró una millonaria indemnización mientras en el Perú, además de habernos robado, les siguen encargando obras públicas y les dejan vender activos sin considerar la deuda que tienen con el fisco.
Pérez y Vela firmaron un acuerdo secreto lesivo para los intereses nacionales sin garantizar que devuelvan el dinero robado a todos los peruanos. Los exoneraron de obligaciones tributarias y dejaron que vendan la hidroeléctrica de Chaclla en un acto de escandalosa traición.
Fueron agilitos para encarcelar a opositores políticos de Vizcarra y desencadenaron la muerte de Alan García, mientras los socios del Club de la Construcción siguen festinando el presupuesto público.
Los casos de Susana Villarán, Ollanta Humala y Martín Vizcarra avanzan como las tortugas, a ratos como cangrejos y arrastrados como los gusanos.
Sacaron al fiscal Chávarry que públicamente mencionó el medio centenar de denuncias fiscales contra Vizcarra por irregularidades mientras gobernó Moquegua.
Ambos fiscales, Vela y Pérez, muestran signos exteriores de riqueza y existe la convicción que, como abogados en el sector privado, no ganarían ni la mitad de los jugosos sueldos que como funcionarios públicos cobran para burlarse del Estado.