El 28 de julio de 1974 los trabajadores de Correo nos fuimos reuniendo de forma espontánea en el hall de entrada del local ubicado en la avenida Garcilaso de la Vega (hoy galería de equipos informáticos), para conversar e intercambiar opiniones. Sabíamos muy poco, apenas rumores que confirmaban que los diarios fueron tomados por el Estado, por agentes del Sinamos, que habían sacado al director y a su asesor Agustín Figueroa. En algún momento ingresó Augusto Rázuri, al que conocí como jefe de redacción de “La Crónica” y rápidamente se convirtió en centro de la reunión, dijo que por encargo del gobierno estaba asumiendo la dirección del diario “Ojo” y nos pidió calma, que nada nos pasaría, que el asunto era con los dueños y directores que necesariamente debían ser cambiados, pero que teníamos la suerte de tenerlo a él como director en “Ojo” puesto que a diferencia de lo que venía ocurriendo en otros diarios, era el único que contaba con larga trayectoria como periodista, que todo seguiría igual, continuaríamos haciendo lo mismo.
Se esgrimió un argumento de justicia social, un pretexto para que los medios de comunicación sean administrados y dirigidos por representantes del gobierno, haciendo las veces de delegados de los sectores organizados de la población, todo un gran cuento. “El Comercio” para organizaciones campesinas, “La Prensa” para las comunidades laborales, “Correo” para los profesionales, “Ojo” para los escritores, “Ultima Hora” para las organizaciones de servicios (bancos y cooperativas), “Expreso” para las organizaciones educativas y “La Crónica” y “La tercera” para el sistema de comunicación del Estado.
La dictadura intervino las emisoras de radio y televisión de todo el país, mediante la ley de telecomunicaciones explicada por el ministro Meza Cuadra, como una medida destinada a hacer cumplir el rol social de estos medios, “que deben contribuir al desarrollo del país y no frenarlo en beneficio de unos pocos”.
Pese a que la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”, nada se ha hecho hasta el momento para investigar y sancionar a los responsables del atropello a los medios de comunicación durante la dictadura militar. Hubo inversionistas que perdieron la propiedad de sus empresas y periodistas que quedaron sin trabajo, fueron encarcelados y algunos deportados, para no volver nunca más a su patria. Fue otro de los actos brutales de la dictadura de Velasco.