Del asesinato de un capitán del Ejército y tres soldados del Servicio Militar, ocurrido el 13 de mayo de 1988 nunca más se volvió a hablar. Fue una emboscada terrorista en Cayara, Ayacucho y me pregunto si alguna vez la fiscalía investigó esto, ¿Quiénes son los culpables?,¿dónde están los responsables?
35 años después, el pasado 4 de setiembre, se produjo otro atentado similar en Huanta, nuevamente muere un oficial, dos suboficiales y un sargento del Ejército y no se sabe quiénes son los responsables, dónde están los culpables.
La historia se repite como una maldición que castiga la ausencia de justicia.
Como consecuencia del primer atentado se realizaron operaciones de rastreo y persecución de las columnas terroristas, a las que ocasionaron 18 muertes, contabilizadas oficialmente.
Entonces la fiscalía investiga no el atentado contra los militares, sino a los militares que salieron en persecución de los terroristas asesinos.
El 11 de agosto de este año la justicia revisa por enésima vez lo sucedido y termina dictando condena y declara culpables a los militares. El éxito de la operación militar se convierte entonces en humillante derrota.
Con lo sucedido hace pocas semanas en Huanta, donde otra emboscada acaba con la vida de cuatro militares no se programó, que sepamos, ninguna otra operación de rastreo y persecución.
Ahora los militares tienen temor de enfrentar a los terroristas y causarles otras 18 muertes, porque saben que mañana la justicia los perseguirá a ellos y terminará condenándolos.
Esa es la consecuencia de un sistema de justicia que muchas veces juega en favor del enemigo, esa es la falta de un verdadero sistema de justicia-.