Convocar a miles de personas que marcharon por las calles del centro de Lima sin ocasionar destrozos a la propiedad pública ni privada, sin los muertos que supuestamente pretendían salvo unos pocos incidentes de unos pocos desadaptados que agredieron a policías, es algo que merece ser comentado.
No hubo el pretendido disturbio, ni quemaron vehículos salvo la puerta de la prefectura en Huancavelica, el bloqueo de carreteras estuvo más en la imaginación que en la realidad, la izquierda demostró que también puede promover protestas civilizadas y eso es un éxito.
Mayor será el éxito si hacemos un esfuerzo por aplaudir la conducta de los manifestantes, no necesariamente su plataforma de reclamos, por tratarse –repito- de una manifestación pública pacífica, como prometieron.
Exitosa es la protesta porque consiguieron precisar sus reclamos, algunos inviables como la liberación de Castillo o disolución del congreso para una asamblea constituyente y otros que hacen meditar en la necesidad de adelantar las elecciones para acabar con la confrontación que impide avanzar en las tareas del desarrollo nacional.
Lo último resulta atendible en la medida que el congreso haga su parte, corrigiendo los errores que persisten en el manejo del sistema electoral y remuevan de sus organismos una cúpula sobre la que pesan graves y fundadas sospechas de fraude.
Que Salas Arenas recurra a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esta le haga caso, confirma la existencia de una simbiosis entre dos entes que administran justicia, cuestionados por su compromiso ideológico, por su falta de objetividad, por no actuar como les corresponde.
Entonces llegó el momento de marcar distancia de ambos, de la Corte Interamericana y de Salas Arenas. Ha llegado el momento de procesar al mal presidente del JNE sobre el que pesan varios fallos del Tribunal Constitucional que evidencian que incurrió en decisiones parcializadas, interesadas y perjudiciales para la buena marcha del sistema democrático.
La dificultad para el adelanto de elecciones es la necesidad de modificar la constitución y renovar los órganos electorales sobre los que pesan sobradas dudas y sospechas.
Las mismas leyes electorales requieren ser modificadas para eliminar el voto preferencial, ajustar requisitos para inscribir nuevos partidos políticos (25 son demasiados) y garantizar transparencia en el escrutinio y justicia electoral. Así la marcha de protesta de la izquierda habrá conseguido lo que estaban buscando.