Lo que aprobaron ayer en el congreso fue aquello que debió ser votado el 7 de diciembre y el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo consiguió postergar.
La acusación fiscal que lo señala como cabecilla de una organización criminal que entre otros delitos festinó trámites para favorecer a una empresa con la concesión de la construcción del puente Tarata, sobre el rio Huallaga, la compra amañada de biodisel, entre otros.
Castillo debió ser vacado por estos cargos cuando se le ocurrió disolver el congreso e intervenir el poder judicial, el ministerio público, el tribunal constitucional y la Junta Nacional de Justicia.
59 votos contra 23 fue el resultado de la votación, no participaron los miembros de la comisión permanente, que previamente aprobaron elevar el caso al pleno del congreso. Para los ex ministros Geiner Alvarado y Juan Silva la votación fue prácticamente unánime.
Esta misma carpeta fiscal pasará ahora a manos del poder judicial que deberá pronunciarse seguramente con penas de varios años de cárcel.
Respecto al adelanto de elecciones también aprobaron reabrir el debate en la comisión de constitución y eso significa que por lo menos, este año, no habrá llamado a las urnas. El 2024 sería lo antes que eso podría ocurrir, siempre que sea previamente aprobado por una mayoría calificada (87 votos).
Quiero creer que con lo ocurrido ayer se puso punto final a la asonada violentista que buscó la liberación de Pedro Castillo, la disolución del congreso y convocatoria a una asamblea constituyente. Nada de eso ha sucedido, el chantaje extremista fracasó.
Quedan unas pocas carreteras bloqueada que entre hoy y mañana podrían ser reabiertas al tránsito. El abastecimiento de productos de primera necesidad se va normalizando en aquellas regiones que sufrieron las consecuencias de la actitud beligerante de los pocos seguidores que le quedan al golpista recluido en Barbadillo y supongo, ahora sí, los dirigentes de las comunidades que atacaron algunos centros mineros se sentarán a dialogar antes que los agarren y pongan tras las rejas.
Al congreso le corresponde aprobar rápidamente leyes que mejoren el sistema electoral y no dejen en manos de personajes sospechosos decisiones que puedan influir en el resultado de las consultas en las urnas.
Al poder ejecutivo le toca acelerar la mejora de algunos servicios esenciales en educación, salud, agua y desagüe y seguridad ciudadana.