Por Antero Flores-Araoz
Vivimos en tiempos muy difíciles en nuestro querido país, en que deplorablemente la violencia viene sustituyendo al diálogo social y democrático.
Lo que además es gravísimo, que existan personas que se han creído la farsa de que la violencia es para reclamar por la carcelería preparatoria y preventiva del ex presidente Pedro Castillo.
Abran los ojos y las mentes. La violencia que estamos sufriendo no es casual ni tampoco originada por un hecho aislado, es parte de lo que se ha vivido en otros países de nuestro entorno y que viene dirigida internacionalmente desde el Foro de Sao Paulo hasta el Grupo de Puebla, a fin de imponer por la fuerza regímenes dictatoriales, utilizando incluso al sistema democrático para petardearlo por dentro.Las movilizaciones violentas de que a diario somos testigos, cuestan, no son gratuitas, alguien las financia. Efectivamente, el transporte de manifestantes, su alimentación, los proyectiles que utilizan, los perdigones metálicos, las armas hechizas como también las regulares que utilizan y toda la logística que usan, alguien la financia y eso es lo que se tiene que investigar con patriotismo y eficiencia.
Es más que probable que la preparación de las manifestaciones y solventarlas, viene en parte del exterior, como puede ser Cuba y Venezuela, pero también fondos originarios del VRAEM, pues allí están concentrados los remanentes terroristas en complicidad con el narcotráfico, que le conviene que no exista gobernabilidad formal, a fin de seguir con sus fechorías.
La toma de carreteras es también para impedir la movilización de las fuerzas del orden y, la toma de aeropuertos para evitar que las tropas aerotransportadas, lleguen a apoyar a la Policía destacada en los lugares de conflicto.
Hemos visto y escuchado en algunos medios de prensa que señalan que las marchas son pacíficas y que están infiltradas por elementos violentistas. No señor, las marchas pueden haberse iniciado pacíficamente, pero si los que concurren a ellas observan violencia tienen que retirarse, no pueden con su presencia cómplice, pretender darles legitimidad.
¿Dónde están los padres de familia, que dejan que sus menores hijos expongan su vida en las marchas? No se nota autoridad paterna, por decir lo menos hay notoria irresponsabilidad.
Reconocemos el derecho a la protesta, pero ese derecho está condicionado a que ella sea pacífica y sin armas, tal como manda la Constitución. Si la protesta se torna violenta, perdió legalidad y legitimidad y sus participantes expuestos a ser repelidos por la Policía Nacional y Fuerzas Armadas y, debe caerles todo el peso de la ley.
Las fuerzas policiales y militares tienen el deber de cautelar y restablecer el orden público y, para ello, están facultados a usar adecuadamente las armas provistas por la Nación.
Es lamentable y penoso que pierdan la vida o que salgan heridos manifestantes, pero tengamos en cuenta que se expusieron indebidamente y, que si hay Estado de Emergencia no debían ni hacer marchas como tampoco concentraciones. Infringieron la Ley, no son héroes ni nada que se le parezca y, no hay que olvidar que la Policía actúa como respuesta a acciones dolosas, por lo que es indebido que se les impute responsabilidad y soporten interminables procesos. Así solo se logrará que incumplan su obligación.