Prisión preliminar de siete días ordenó el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de juez Juan Carlos Checkley, contra el expresidente Pedro Castillo, investigado por delito de rebelión.
Andrés López Obrador, presidente de México, confirmó que Castillo había pedido asilo político en ese país y que estaban dispuestos a dárselo, confirmando torpemente el peligro de fuga que pesará a la hora de decidir sobre una prisión preventiva, por un plazo mucho mayor.
Los 33 millones de peruanos somos testigos que Castillo dispuso disolver el congreso, en circunstancias que estaban por votar una moción de vacancia por incapacidad moral permanente, debido a múltiples denuncias de corrupción, que pocas horas después se aprobó.
Disolver el congreso y “reorganizar” la fiscalía, el poder judicial, el tribunal constitucional y la Junta Nacional de Justicia formaban parte del mensaje con el que Castillo se puso la soga al cuello, para una salida que un sector del parlamento intentaba infructuosamente.
Castillo tiene todo el derecho de acogerse al asilo que le ofrece López Obrador y debe ir a su lado, luego de responder por sus delitos ante la justicia peruana.
Si Dina Boluarte arma un gobierno de caviares está perdida y no va a durar ni tres meses. Mejor será si cumple con el anuncio de un gabinete de ancha base.
Castillo no estuvo solo al cometer el delito que lo ha llevado tras las rejas. Alguien le escribió el mensaje y todos sabemos quién fue. Alguien coordinó la grabación y difusión y todos sospechamos quién fue y cuando menos sobre ellos dos debe pesar también una orden de detención para que respondan por el mismo delito. Castillo no actuó solo.
Anteriormente, el gabinete en pleno había acordado desconocer la ley que regula la cuestión de confianza y hasta el fallo que sobre la materia había emitido el tribunal constitucional. Eso también es un delito que debe ser sancionado.
Castillo debe ir preso con todos sus cómplices entre los que existen ex ministros y actuales congresistas que actúan como si la cosa no fuese con ellos. Los delitos deben ser sancionados de acuerdo con su gravedad y el uso de recursos públicos en beneficio personal, familiar o grupal debe tener fuerte castigo, luego del juicio con respeto al debido proceso, obvio.
Solamente encarcelando a los delincuentes se podrá comenzar a extirpar el cáncer de corrupción en la administración pública. Ya tuvimos bastante de impunidad con el caso Lava Jato. No permitamos suceda lo mismo con los Dinámicos del Centro, la Mafia Chotana, Los Amigos de Sarratea, Los Niños y movadefesios que inundan las planillas del Estado