En nombre de la justicia social se cometen los mayores crímenes. Hay que tener temor cuando escuchamos apelar a este argumento para conculcar derechos de las demás personas. Cuando al término justicia le agregamos el apellido social, lo que se quiere en el fondo es una justicia distributiva, que va en contra de una sociedad en la que los individuos son libres de saber utilizar su propio saber y entender para sus propios fines. El hombre es el único responsable de sus actos y esto es incompatible con el modelo general de distribución.
La revolución de Velasco prefería creer que éramos miembros de una tribu primitiva e ideó una reforma agraria para acabar con la “oligarquía terrateniente” y distribuyó las tierras “para el que la trabaja” y la producción agraria cayó a niveles que nos hicieron cada vez más dependientes del exterior. Pasamos a importar todo tipo de alimentos. En 1970, antes de la reforma agraria, exportábamos 500 mil toneladas métricas de azúcar al año y en 1980 la producción total llegó apenas a 52 mil toneladas. Tuvimos que esperar hasta el 2006 para volver a autoabastecernos de azúcar. “El patrón no comerá más de tu pobreza”, fue uno de sus lemas. Fue una versión chicha de la inquisición.
En Tacna el “Comité de defensa de la pequeña propiedad agrícola del Valle Viejo” envió un memorial a Velasco en el que afirmaban que “en sus tierras la ignominia jamás ensombreció sus tradiciones humanitarias y donde nunca pusieron sus plantas en ellas la soberbia y la ambición insaciable del latifundismo” y relatan una serie de casos de pequeñas parcelas heredadas por familiares de héroes de las batallas del Campo de la Alianza y del Morro de Arica, que no terminaban de reponerse de los estragos de la guerra y de la ocupación, pero les arrebataron sus propiedades generalmente arrendatarios que se valieron de una serie de triquiñuelas fomentadas por los propios funcionarios públicos. Predios urbanos también cayeron en manos de gente inescrupulosa con la complicidad de los corruptos que mal aplicaron la ley de Velasco. Los abusos que cometieron contra pequeños agricultores se repitieron en todo el país.
La principal diferencia entre capitalismo y comunismo es la propiedad. En los regímenes comunistas la propiedad solo puede estar en manos del gobierno. El racionalismo constructivista supone que la libertad ocasiona caos y que la planificación gubernamental conduce al orden, no acepta la regla del mercado, la oferta y la demanda.
Dentro del sistema democrático todos los hombres son libres de progresar lo más que puedan. Pero Velasco estatizó todo. La pesca que tuvo en Luis Banchero Rossi a su más grande y exitoso empresario no pudo escapar a la fiebre estatista. Una de las ramas industriales en las que más había avanzado nuestro país fue la fabricación de harina y aceite pescado y entonces casi desde el comienzo, el régimen dispuso la estatización del sector con Javier Tantaleán Vanini al frente del flamante ministerio de pesquería. Para ello creó, el 5 de mayo de 1870, la empresa pública de comercialización de harina y aceite de pescado EPCHAP, encargada de la venta interna y externa de esos productos. El dictador pensaba que, en lugar de exportar aceite y harina de pescado, con lo que además ayudábamos a combatir el hambre en el mundo, había que dar preferencia a una flota gigante de camiones refrigerados que llevarían pescado a la sierra y la selva. Ríos, lagunas y piscigranjas satisfacen plenamente la demanda de pescado de mejor manera y a menor costo.
El Plan Inca señaló el derrotero que comprendió la “creación de organismos estatales para la extracción, transformación y comercialización de productos hidrobiológicos, reducir la capacidad instalada en exceso, impulsar al máximo la pesca para consumo humano y crear la infraestructura adecuada”. Lo único que construyeron fue el enorme local del ministerio de pesquería, hoy Museo de la Nación. Velasco intervino 87 fábricas de harina y aceite de pescado y mil 400 bolicheras, que cuando la industria quebró, fueron rematadas a precio bobo por lo que algunas terminaron en manos de pescadores chilenos. Pero EPCHAP fue encargada el 17 de setiembre de 1974, de comercializar también la fibra y pepa de algodón, cuya producción también cayó en manos del Estado.
La dictadura militar nació con el pecado original de la estatización. La ley de la oferta y la demanda no valía y la derogó. Lo primero que atacó fue a los hidrocarburos, con la estatización de yacimientos petrolíferos crearon Petroperú, gran foco de corrupción de sucesivos gobiernos. El pretexto fue una supuesta deuda al fisco que, luego de la firma del acuerdo Green- De la Flor, se supo reconocieron que el asunto era al revés, que el Estado peruano tenía una deuda con esa empresa y la cancelaron íntegramente, de manera silenciosa, a espaldas del pueblo. Día de la Dignidad Nacional le siguen llamando. Fue uno de los más graves errores económicos de la dictadura. Sacaron a los inversionistas extranjeros por el solo hecho de ser extranjeros. Mientras tanto, en los países vecinos no tuvieron ningún problema en suscribir contratos con las más grandes empresas petroleras de ese momento y se convirtieron en nuestros proveedores de hidrocarburos, hasta la actualidad.
Miles de millones de dólares tiene que destinar el Perú a países como Ecuador y Colombia a cambio de petróleo. Existe la sospecha fundada de la existencia de enormes cantidades de hidrocarburos en distintas regiones del Perú, que hasta el día de hoy resulta cada vez más complicado de explotar, por las dificultades de nuestra particular tramitología, la incompetencia de una burocracia amenazada por una frondosa legislación y la presión de grupos ambientalistas que se oponen a cualquier intento de explotación de nuestros recursos naturales.
Estatizaron lo que definieron como empresas estratégicas, la IPC y luego la ITT de telecomunicaciones, que se convirtió en la empresa estatal Entel Perú, Marcona Mining Company y Cerro de Pasco Corporation, que pasaron a formar parte de la empresa estatal Minero Perú. Hasta hoy persisten problemas con la administración de lo que fue la más grande y eficiente refinería de diversos metales de La Oroya. La incompetencia de la administración estatal complicó la remediación de los pasivos ambientales.
Idearon fórmulas como la Comunidad Industrial, que significó que los trabajadores recibirían todos los años el 10% de los beneficios contables anuales en efectivo y otro 15% en acciones. Lo que acarreó irremediablemente la quiebra de todas las empresas.
La economía se fue a pique, un fracaso que afectó el bolsillo y estómago de los más pobres. La crisis financiera estaba a la vista, con sucesivas devaluaciones que el ingenio popular bautizó de paquetazos, debido a que significaban alzas en el precio de los productos de primera necesidad, que no iban acompañadas de mejores salarios. El desabastecimiento fue la consecuencia lógica y el descontento popular se expresó en protestas, en cacerolazos que terminaron por imponer el toque de queda, medida preventiva ante movilizaciones violentas que podían desencadenar el caos generalizado.
Curiosamente una de las pocas grandes empresas que se salvó de la fiebre estatista fue Southern Perú Copper Corporation (SPCC), que explota Toquepala y la razón sería el entonces ministro de energía y minas, isleño de nacimiento y moqueguano de corazón, Jorge Fernández Maldonado, quien consciente de las ventajas que trae consigo la inversión privada, alentó a los gringos a que desarrollen el proyecto de Cuajone, una suerte de ampliación o segunda etapa de Toquepala; una mina más grande y moderna ubicada en territorio moqueguano, unida a la primera a través de un túnel de 27 kilómetros.
Fue en los antiguos salones del Hotel Bolívar que los representantes de la SPCC Edward Tittman y Frank Archibald firmaron el contrato para la explotación de esta mina y que motivó el Comunicado N.º 32 del gobierno de Velasco, en diciembre de 1969 reconociendo la firma de este contrato público y en el que la compañía había aceptado todos los términos que fueron planteados en resguardo de los intereses nacionales, que el Estado tendrá a su cargo la refinación del cobre “respetando los derechos adquiridos” y anuncian que la nueva ley de minería considerará que la comercialización también la haría el Estado.
Inteligente fue condicionar la operación a construir una refinería para procesar el cobre fundido y controlar la salida de impurezas. SPCC se convirtió en el primer contribuyente y se mantuvo así por muchos años. Cuajone cambió radicalmente el destino de Moquegua, una ciudad que parecía detenida en el tiempo, congelada en la historia. El hotel Los Limoneros seguía tal cual lo describe Enrique López Albújar y servía de refugio para cuando nos sentábamos a conversar con el corresponsal J. Alberto Catacora Murillo y el hombre de radio Guillermo Kuong Flores, a veces cerca de una botella de Biondi o un cuy donde Doña Peta, en Samegua. Por la tarde el tradicional alfajor de Penco, que según la historia es receta de un soldado chileno herido y cuidado por damas moqueguanas a quienes en agradecimiento les confió el secreto de su preparación. Con Catacora y Kuong emprendimos la cruzada para que parte de la riqueza del cobre se quede en la región, para el desarrollo de Moquegua. Lo mismo hacíamos en Ilo, cerca de la playa Calienta Negros -donde cumplían cuarentena los esclavos traídos del África- con Genaro Aponte, Omar Pari Díaz, Enrique Lazo y Santiago Chávez Garibay, algunos de los periodistas porteños pioneros en izar la bandera del canon minero. El Estado peruano tardó muchos años en crear el canon minero, que no es otra cosa que la participación que gozan los gobiernos locales y regionales por la explotación de los recursos minerales, metálicos y no metálicos. (EL TACNAZO DE MORALES BERMÚDEZ)
DIBUJOS DE LUIS SAYÁN