La publicitada separación, antesala del divorcio de Keiko con Mark Vito Villanella, no es el único que condimenta el entretenido escenario político. La implícita expulsión anunciada anoche del presidente Pedro Castillo de las filas del partido Perú Libre es una versión moderna de Poncio Pilatos cuando se lava las manos o Manuel Rodríguez López cuando admite ser hermano de Reynaldo:” soy su hermano, pero no sé nada”.
Negarse a declarar a la Comisión de Fiscalización del Congreso fue la gota que derramó la paciencia de Vladimir Cerrón porque sabe que son demasiado contundentes las evidencias que vinculan a Castillo con una red de corrupción y su negativa confirma las sospechas que pesan sobre él.
La separación de bienes es un régimen económico matrimonial que permite que los patrimonios de cada uno de los cónyuges estén diferenciados. De este modo, cada cónyuge gestiona y administra sus bienes y derechos.
Mark quisiera viajar con sus hijas lejos de un país que nunca llegó a comprender y brindarles la oportunidad de recibir una mejor educación, lejos de la mirada pública y exposición mediática.
Cerrón anticipa los resultados de una investigación que busca llevar a la cárcel al presidente y sus más cercanos colaboradores, prófugos acusados de una serie de delitos cometidos desde las alturas del poder.
Mejor que no sea miembro de un partido al que poco o ningún cariño demuestra, al contrario, él y sus ministros se empeñan en negar el comunismo, el marxismo leninismo, el socialismo del siglo XXI, el castro chavismo contenido en su ideario.
La nula gestión gubernamental, el desastre que se avecina con el paro de transportistas, el descontento popular por el alza de precios de los productos de primera necesidad, alza de los pasajes urbanos y provinciales, la inminente caída de la producción agraria, la corrupción que se apodera de la administración pública, la incapacidad para frenar la inseguridad ciudadana son apenas síntomas de la prematura descomposición de un régimen en menos de un año.
La virtual expulsión de Pedro Castillo de Perú Libre no es más que un calculado lavado de manos, una separación de bienes que busca excluirse de largas condenas judiciales que aguardan a los responsables de múltiples actos de corrupción que tarde o temprano serán sancionados.