Por Jorge Yeshayahu Gonzales-Lara
En el Perú es posible la construcción de nuevos liderazgos en el siglo XXI a través de las candidaturas independientes que busquen habilitar y reivindicar el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos. Las candidaturas independientes apuntan a atender el desencanto de la ciudadanía con los partidos políticos, pero por el otro, también buscan habilitar el ejercicio del sufragio pasivo y ausentismo o el derecho a “ser electo” a todos y todas las ciudadanas, sin precisarse afiliación alguna a una organización política.
Las candidaturas independientes frente al desprestigio de la clase política están acompañadas de altos niveles de corrupción que se han registrado en muchos países de América Latina que han resultado en un grado de menor confiablidad institucional. Desde el punto de vista sociológico el enfoque del liderazgo está relacionado con su proceso de construcción social.
Hoy el Perú vive una crisis de representación y liderazgo político se ha puesto en evidencia un desencanto de la ciudadanía con los partidos políticos y su desempeño en las instituciones públicas. Los ciudadanos cada vez se distancian de los tradicionales partidos políticos de derecha, conservadores, liberales y de las izquierdas; ese descontento al conglomerado de grupos políticos locales y regionales.
A nivel de liderazgo político los “jefes” “caudillos,” y “voceros” de los partidos adolecen de un discurso constructivo a la ciudadanía, y es reemplazado por la degradación de la palabra publica; pública bajo el factor aglutinante del odio. (insultos grotescos, falta de respeto, expresiones racistas, xenofóbicas, homofóbicas y de violencia). Una degradación del discurso político en el congreso de la Republica. El odio al otro, a lo otro, a quien piensa diferente.
En la última década en América Latina y Centroamérica, el replanteamiento del funcionamiento de los partidos políticos se ha visto articulado mediante la promoción de la consolidación de candidaturas independientes, relacionado a nuevos procesos de construcción de liderazgos, esto supone un desafío para la competencia electoral y por tanto influye en la calidad de la representación democrática. Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Paraguay, República Dominicana, Venezuela, desde el año 2010 en El Salvador y desde 2014 en México; han adoptado reformas hacia las candidaturas independientes, aunque la discusión se sigue dando en algún nivel en la mayoría de los países. La figura de candidaturas independientes con diferentes matices, o no partidarias.
La construcción de estos nuevos liderazgos en el siglo XXI a través de las candidaturas independientes buscan habilitar e incluso reivindicar el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos. Las candidaturas independientes apuntan a atender el desencanto de la ciudadanía con los partidos políticos, pero por el otro, también buscan habilitar el ejercicio electoral, y el derecho a ser electo, sin precisarse afiliación alguna a una organización política. A través de esta figura los ciudadanos pueden ejercer el derecho a ser votado que es “un derecho humano considerado inherente, universal e inalienable al ser humano.” (Vázquez 2009).
El desprestigio de la clase política acompañado de altos niveles de corrupción que se han registrado en muchos países de América Latina han resultado en un grado menor de confiabilidad institucional.
El argumento en contra es el que afirman que la habilitación de las candidaturas independientes, no partidarias permitirá la influencia del crimen organizado o de grupos de poder en el sistema político, ya que estos podrían financiar candidatos que defenderían sus intereses, parecen cortinas de humo que pretenden contaminar negativamente la opinión pública. En el 2014, Daniel Urresti, exministro del Interior, de la policía antidrogas de Perú identificó 115 candidatos a cargos gubernamentales municipales y regionales vinculados a casos de tráfico de drogas, destacando el creciente riesgo de infiltración criminal en el gobierno del principal productor de cocaína del mundo. En el pasado algunas candidaturas fueron seleccionadas por las cúpulas partidarias, han estado vinculados con el narcotráfico; o que algunos grupos de poder han hecho lobby político. Estas influencias existen y existirán, con o sin candidaturas no partidarias, en la medida que los candidatos de los partidos políticos, mantengan las actuales reglas del juego político y electoral sin modificaciones; es decir, sin una ley de partidos políticos que no sólo obligue las prácticas democráticas dentro de dichas instituciones, sino que también les exija rendir cuentas de la financiación que reciben, entre otras cuestiones.
El argumento a favor de las candidaturas independientes tiene que ver con la crisis de representación y la gobernabilidad en su desempeño en las instituciones públicas. Entre muchas de las discusiones sobre el tema en la academia, los argumentos a favor de este tipo de candidaturas se han venido centrando en dos áreas fundamentales: (a) la necesidad de generar mayor credibilidad del sistema y una mayor representación y, (b) garantizar el ejercicio del derecho a ser electo/electa.
En lo concerniente a la credibilidad del sistema y de los partidos políticos, según datos recientes de Latino-barómetro (2011)[1], los parlamentos y los partidos políticos ocupan los últimos puestos de aprobación por parte de la ciudadanía y son los que menos gozan de confiabilidad.
Las candidaturas independientes se van sobre la propuesta en la necesidad de fomentar el ejercicio del sufragio pasivo que fomentan el ausentismo. En su definición del candidato independiente, Beatriz Vázquez sugiere que este último opera como instrumento para ejercer el derecho a ser votado: «Un candidato independiente es aquel postulante a algún cargo de elección popular y que no pertenece a un partido político. A través de esta figura los ciudadanos pueden ejercer el derecho a ser votado que es un derecho humano considerado inherente, universal e inalienable al ser humano» (Vázquez 2009).
- Los proponentes de este tipo de candidaturas cuestionan el sistema de partidos y buscan fuera del sistema una alternativa que responda a las demandas y aspiraciones de la ciudadanía. Domínguez (1997: 100-113) argumenta que, en efecto, las exigencias de la sociedad civil parecen concentrarse en el tema de lograr una mayor representatividad. Por su parte, Freidenberg y Došek (2014)han argumentado que estas reformas que buscan “el desmantelamiento del monopolio de la representación de los partidos en la definición de las candidaturas tanto legislativas como presidenciales” han potenciado “la personalización del vínculo entre políticos y electores.”
Cabe destacar que las características del Estado de derecho es el reconocimiento de la capacidad de los ciudadanos para autogobernarse mediante la elección de representantes, idea fundamental que sirve de sustento legitimador de esta organización del poder político. Ello implica que los ciudadanos, además de tener el derecho de elegir a sus representantes que participarán en los asuntos públicos. En el caso del Perú aún no se ha reconocido la participación directa de aquéllos, no se les reconocen el derecho de ser elegibles para actuar como representantes de la sociedad, lo que se conoce como derecho de sufragio pasivo. El sufragio pasivo se refiere al derecho que tienen los ciudadanos para presentarse como candidatos en los distintos procesos electorales para ser elegidos por parte de los electores. Tanto en su aspecto activo como pasivo, el derecho de sufragio es fundamental, pues permite que los ciudadanos participen activamente en el ámbito político y público, reafirmando su facultad de autogobernarse, y le brinda, al mismo tiempo, la legitimidad necesaria al Estado para justificar su existencia y configuración, por la periodicidad de las elecciones. (Manuel Escalante – 2010)
En el caso del Perú, con una profunda crisis de gobernabilidad y crisis de representación política de los representantes de los partidos políticos, esta creando un espacio político para las candidaturas independientes de la sociedad civil. Aunque el sistema político, no permite candidaturas independientes. Las candidaturas independientes de la sociedad civil podrían concentrar una mayor representatividad.
En el caso de las candidaturas de los peruanos residente en el exterior, las candidaturas independientes o llamadas no partidarias, de candidatos residentes en el distrito electoral 27, podría tener mayor atracción en el electorado y reducir el alto ausentismo del votante. Los candidatos independientes son aquellos ciudadanos que se postulan para algún cargo de elección popular y que no pertenecen a un partido político, con ello ejercen el derecho a ser votados. Ante esta realidad, se hace importante considerar si la consolidación jurídica de las candidaturas independientes se traduce directamente en su consolidación política, y, a su vez, si la aplicación de este mecanismo con lleva a un avance o un retroceso de la institucionalidad democrática. Miami, junio 2022