A propósito de la visita a Lima del relator para libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resulta oportuno repasar cómo miden la libertad de prensa en el mundo.
Uno de los factores tiene que ver con el monopolio o acaparamiento de los medios de prensa en pocas manos. Otro tiene que ver con las penas de cárcel con las que se castiga delitos de prensa en el Perú, mientras que en la mayor parte del mundo tiene que ver con multas.
Y la influencia del Estado y de la publicidad en las líneas editoriales, así como la falta de pluralismo.
Pero lo que más le ha llamado la atención es la relación del presidente Castillo con el periodismo, renuente a conceder entrevistas ni conferencias de prensa, suponemos por sus enredos con múltiples casos de corrupción que la fiscalía investiga.
Prensa mermelera fue una de las frases recurrentes durante su campaña electoral y la “promesa” en el plan de gobierno de poner la prensa “al servicio del pueblo” los precedentes de su curiosa conducta.
Regímenes populistas del mundo entero no aceptan la crítica, el debate de ideas, el control social que implica una prensa independiente. En los primeros tres meses de este año han sido asesinados 13 periodistas en Latinoamérica, 8 en México.
En Cuba el gobierno castrista mantiene en pie una férrea estructura legal, burocrática y administrativa para silenciar a los opositores al gobierno. La Constitución cubana prohíbe la propiedad privada de medios de comunicación.
Cualquiera que intente informar sobre la realidad cubana es considerado opositor al gobierno. Todos los periodistas están obligados a pertenecer a la Unión de Periodistas Cubanos, que de hecho se encuentra bajo el control del Partido Comunista.
El poder judicial no es independiente ni imparcial, permite procedimientos penales para castigar la expresión de opiniones discrepantes. La Constitución y el Código Penal se prestan a abusos de funcionarios del Estado, tales como la policía y el poder judicial, para restringir la libertad de expresión.
Los cubanos en general no pueden acceder a información u opiniones que difieran de la ideología estatal. El Gobierno cubano ha tratado de justificar las restricciones señalando los efectos del embargo estadounidense.
En Venezuela 56 periódicos dejaron de circular definitivamente entre 2017 y 2018. De 100 periódicos, 41 cerraron definitivamente y 59 emigraron al formato digital. Según la organización venezolana de derechos humanos durante los primeros ocho meses del estado de alarma declarado por la pandemia fueron detenidos 66 periodistas y trabajadores de medios de comunicación.
El canal digital de noticias VPI TV fue sometido a incautación de sus equipos en su sede en Caracas, lo que provocó el cierre “momentáneo” de sus operaciones. El diario Panorama dio a conocer en sus redes sociales que había sido clausurado por cinco días por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria.
Nicolás Maduro usa señalamientos y otras formas de hostigamiento para amedrentar e intentar silenciar a quienes lo critican, expresan ideas contrarias a sus políticas, o denuncian violaciones de derechos humanos.
Según la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, en Venezuela “los periodistas y los defensores de los derechos humanos que critican al Gobierno siguen siendo objeto de intimidación y difamación pública” y existen “restricciones a la libertad de expresión”.
En Nicaragua el asedio a la información libre recrudece desde la protesta de abril de 2018. Cuatro años después del estallido de la crisis, el cerco a la información se agrava, bajo la apariencia de legalidad, con dos leyes de aprobación reciente que afectan a la libertad de prensa.
Por un lado, la Ley de Regulación de Agentes extranjeros, que pretende controlar «las operaciones financieras y las actividades que realicen organizaciones nacionales o extranjeras, para poner fin a la injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua».
Enrique Sáenz, bloguero, colaborador de Radio Corporación y conductor de la plataforma de comunicación #Vamos al punto, advierte que esta ley «cercena los derechos políticos ciudadanos con la amenaza, incluso, de confiscar los bienes de quienes sean señalados de realizar actividades adversas al régimen».
La Ley del Ciberdelito, conocida como «Ley Mordaza» o «Ley Bozal» prevé que puedan ser castigados a entre dos y cuatro años de prisión «quienes usando la tecnología de la informática y de la comunicación publiquen o difundan información falsa y/o tergiversada que produzca alarma temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a su familia»
Nicaragua se ubica en los últimos lugares del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión, presentado por la SIP, solo por encima de Venezuela y Cuba, con 16 puntos sobre 100. La llamada Policía Orteguista ataca a periodistas y les roba sus equipos.
El diario La Prensa, único no ligado al oficialismo que sigue circulando, sufre periódicos ataques informáticos que dejan al portal fuera de servicio “temporalmente». Tres periodistas de La Prensa actualmente siguen presos, con penas de hasta 13 años de cárcel.
Volviendo al Perú, sentencias contra autores del libro “Plata como cancha” sobre la vida de un aliado del gobierno y contra un periodista de Willax son los indicios de acciones como la suerte que persigue a ese canal a radio PBO y a personal del diario Expreso.
Cada vez nos parecemos más a lo que sucede en los países del socialismo del siglo XXI.