La reciente ley aprobada en el congreso de la república, que devuelve a los padres de familia el derecho a participar en la educación de sus hijos ha motivado reacciones de los promotores de la ideología de género que se autocalifican “progresistas”, mientras señalan de “conservadores” a quienes se oponen a sus dogmas totalitarios.
La declaración universal de los derechos humanos, artículo 26-3 dice textualmente que “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos” pero los promotores de la ideología abortista infiltrados en el ministerio de Educación en los últimos años han buscado imponer ideas, costumbres y conductas ajenas a nuestra cultura.
Los abortistas, tienen derecho a criar a sus hijos como mejor les parezca, con libertad para acceder a links que introducen a los niños a páginas pornográficas en las que los inducen a practicar sexo grupal y todas las aberraciones que estén dispuestos a aceptar.
A lo que no tienen derecho es pretender que las demás personas compartan sus gustos y malas costumbres entre las que no se extraña la pedofilia, el uso de la píldora del día siguiente y el aborto irresponsable y criminal.
La ley que acaba de aprobar el congreso, como reclamaba el movimiento “Con mis hijos no te metas” devuelve el derecho de los padres de familia a conocer el contenido de las clases de educación sexual, a las que no se oponen y por el contrario reclaman, sin aberraciones.
Los promotores de la ideología de género buscan imponer criterios ajenos a nuestra cultura mayoritariamente cristiana, debido a que reciben millones de dólares para impulsar la industria del aborto que es la que financia su inescrupuloso accionar criminal para inducir al asesinato de los recién concebidos.
Diarios de circulación nacional señalan que entre las entidades que “alertan” por la aprobación de esta ley está el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, que quiero creer no es cierto puesto que estaría infringiendo sus propios estatutos que les prohíbe interferir en asuntos políticos de los países en los que se encuentran destacados.
Si alguna errada interpretación sostiene que sí pueden intervenir en los asuntos de política peruana, entonces habrá que revisar los convenios, puesto que de ninguna manera debemos permitir interferencias foráneas reñidas con la soberanía nacional.