Siguiendo con lo publicado en “El plan del Foro de Sao Paulo contra las Fuerzas Armadas” transcribo lo referido a “Justicia viva” (JV). Es un proyecto autodenominado «de participación y fiscalización ciudadana en la reforma judicial», a cargo de un consorcio integrado por el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Facultad y el Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, junto a la Asociación de Jueces por la Justicia y Democracia, aunque este último grupo luego se apartó.
Con este proyecto, JV ganó en el área de justicia un concurso convocado por la USAID estadounidense y su «Oficina de Iniciativas Democráticas», mediante el cual JV recibe apoyo económico y académico durante tres años.
Confirmando la sólida influencia de los neomarxistas en el consorcio JV, dicha institución tiene como actuales directivos y operadores a los siguientes personajes: Hans Landolt Pardo (Director General del IDL); Ernesto De la Jara Basombrío (Director General de Justicia Viva); Alfredo Villavicencio Ríos (Coordinador General); David Lovatón Palacios; Antonio Salazar García; Beatriz Santiváñez Arias; Javier La Rosa Calle; Juan Carlos Ruiz Molleda y por supuesto Ronald Gamarra Herrera.
Otra pieza de este grupo, es el sociólogo e historiador, Nelson Manrique Gálvez, ex asesor de la denominada Comisión de la Verdad y Reconciliación, y ahora columnista de IDL, fue integrante del marxista Partido Unificado Mariateguista (PUM) y del grupo ultrarradical Márgenes, que en tiempos pasados llamaba «liberales» (Diario Amauta No 46), a otros camaradas que recusaban la violencia revolucionaria.
Resulta que, en octubre de 2006, a Nelson Manrique le habría salido su entraña marxista, al afirmar que las condenas penales benévolas aplicadas a los cabecillas del grupo terrorista MRTA eran «desproporcionadas»
Como no podría ser de otra manera, considerando los antecedentes políticos y la orientación ideológica de quienes integran JV; sus trabajos evidencian una fuerte animadversión y desprecio hacia las Fuerzas Armadas y policiales, actitud que por extensión la proyectan a los ex funcionarios del régimen de Fujimori (inocentes y culpables); cayendo en una generalización y prejuicios incompatibles con una institución que opera en el Poder Judicial y ejerce una influencia en la opinión pública debido a sus amplios recursos económicos y mediáticos, a través de páginas Web, programas de televisión por cable, seminarios, becas, programas en radios de Lima y provincias, así como en revistas y boletines.
Esta postura reñida con la objetividad y contraria a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se basa en temas como los derechos humanos y lucha anticorrupción, a partir de los casos de corrupción y violación de derechos humanos que perpetraron algunos miembros de dichas fuerzas del orden. Frente a lo cual, JV se dedica a estigmatizar, deslegitimar y desarticular a las instituciones militares y policiales en general, promoviendo el enjuiciamiento masivo de sus integrantes que participaron en la lucha antiterrorista contra Sendero Luminoso y el MRTA. Bajo ese enfoque sesgado, entre las publicaciones de los operadores de JV encontramos textos como: «30 razones por la inconstitucionalidad de la ley de organización y funciones de la justicia militar“, de David Lobatón Palacios; «¿Hasta cuándo la curiosa justicia militar?» de Ronald Gamarra Herrera; «El ministerio de Defensa y su urgente compromiso con el post CVR», por Antonio Salazar García; «La judicialización de crímenes contra los derechos humanos presentados por la CVR y asumidos por el IDL» y «El desafío de la justicia militar», entre otros.
Sobre la cooperación internacional que financia a las redes neomarxistas, es necesario conocer que según datos publicados por el diario Expreso, de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, (APCI), sólo en el año 2004, tres ONGs neomarxistas recibieron de la cooperación externa cuatro millones 221,353 dólares para operar en el país: el Instituto de Defensa Legal recibió dos millones 798,585 dólares para realizar su plan de «Consolidación de la Transición Democrática y de los Derechos Humanos en el Perú», este dinero también sirvió para financiar los trabajos que desarrollaba la Comisión de la Verdad (CVR).
Entre las principales fuentes de financiamiento del IDL, figuran la Open Society Institute, USAID, Fundación Ford, British Council y la Comisión Europea. La Comisión Andina de Juristas (CAJ), habría recibido 957,669 dólares para realizar su «Plan Trienal 2004-2006».