Ignorada por la mayor parte de los medios de comunicación, como suele ocurrir con todo lo que sucede fuera de Lima, otra mina entró en conflicto y esta vez con el agravante que será sin retorno, un paso la vacío, en el mismo espacio que abandona el Estado en los lugares más apartados de la capital.
Ocurrió en San Antonio de Putina, una provincia de Puno que nada tiene que ver con el Zar de Rusia, en el distrito es Sina y el poblado Saqui Totora.
Allí existe una pequeña mina de socavón, hasta hace poco explotada por la empresa Argos, expulsada de la zona por furibundos comuneros que se creyeron el cuento de la revolución y asumieron ellos los trabajos de explotación.
La dirección regional de minería de Puno reconoce que desde el mes de noviembre se está extrayendo oro de manera ilegal en Saqui Totora.
La explotación se realiza sin ninguna autorización y pese a los intentos de diálogo para que los comuneros demuestren que su protesta es reivindicativa, estos se niegan a que las autoridades de diversos niveles del Estado ingresen a la zona.
Difícil es calcular la cantidad de oro que el Perú exporta anualmente procedente de la minería ilegal, pero se estima es entre 25 y 40 toneladas, libres de impuestos.
Además de no pagar impuestos, incurren en una serie de delitos como la ausencia total de legislación laboral que proteja a los mineros, exposición permanente al peligro, tráfico de menores, explotación sexual de mujeres, venta de drogas y total impunidad para los delincuentes.
Lamento informar cada cierto tiempo sobre el abandono que padece la minería en diversas regiones del país, pero lo hago con el ánimo de sembrar conciencia sobre lo que viene sucediendo y nos está conduciendo a un clima de desorden, desbarajuste y desgobierno que después será muy difícil de enmendar.
Tarde o temprano Castillo y su banda tendrán que dejar el gobierno, no puede seguir existiendo tanta impunidad y quien lo suceda deberá poner orden, comenzando por la minería, que es la que sostiene la economía del país.