Lo que ocurrió el viernes en Ayacucho es una muestra de lo que está sucediendo en el país con un gobierno de extrema izquierda que permite el vandalismo y simultáneamente pretende alentar la venida de inversionistas.
Hordas criminales destruyeron oficinas de campamentos mineros de la empresa Apumayo, en el distrito de Sancos, robaron explosivos, quemaron vehículos y causaron destrozos que pueden haber ocasionado derrames de solución cianurada y de otros efluentes industriales sin tratamiento, en los depósitos de Apumayo y Huamanloma.
Los manifestantes se concentraron en las zonas donde se instalaron las unidades mineras de Apumayo, Inmaculada, Breapampa y Pallancata a quienes acusan de afectar el medio ambiente y la calidad del agua, y de perjudicar sus actividades agrícolas.
El enfrentamiento entre pobladores y policías arrojó un número indeterminado de heridos trasladados al Hospital de Cora Cora y del Centro de Salud de Chavín.
La empresa, mediante un comunicado, informó que dispuso el repliegue del personal con el propósito de salvaguardar la vida de sus trabajadores. Hacen un llamado a la población “para no caer en provocaciones o medias verdades por parte de terceros que, por intereses más allá de los ambientales, estarían buscando cualquier excusa para ejercer la violencia disfrazada de protestas”.
La Presidencia del Consejo de Ministros anunció que las protestas en contra de Apumayo, en las provincias de Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara, se levantaron y los manifestantes aceptaron iniciar hoy un proceso de diálogo para abordar la problemática en la zona.
La teoría de impedir actividades mineras en las llamadas “cabeceras de cuenca” fue esgrimida por la presidenta del consejo de ministros Mirtha Vásquez, cuando con el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) se enfrentó a la minera Yanacocha en Cajamarca.