Alejandro Calderón Chávez, líder de la comunidad asháninka, fue secuestrado por miembros del MRTA el 8 de diciembre de 1989, sin que hasta la fecha se haya podido determinar su paradero. Como consecuencia de este hecho, se organizó el “Ejército Asháninka”, dirigido por Alcides Calderón, hijo y sucesor de Alejandro Calderón, el cual emprendió, entre enero y mayo de 1990, una campaña contra presuntos miembros del MRTA que incluyó un escalamiento de la violencia en las poblaciones de Puerto Bermúdez y Ciudad Constitución.
A fines de los años ochenta, la provincia de Oxapampa, en el departamento de Pasco, soportó la penetración del MRTA, que escapaba de las serranías del departamento y del valle del Mantaro, donde había sufrido graves derrotas; así como la incursión esporádica de una columna del PCP-SL.
Ambos movimientos iniciaron campañas de intimidación y adoctrinamiento en las distintas poblaciones de la provincia. Ambos grupos buscaban captar la adhesión de colonos empobrecidos, imposibilitados de vender sus cosechas por el deterioro de las vías de transporte y temerosos de los nativos, cuyos territorios ancestrales ocupaban.
Al mismo tiempo, intentaban impactar sobre las comunidades nativas asháninkas desplazadas por los colonos, víctimas de discriminación por motivos étnicos y en permanente conflicto por la preservación de sus tierras. En esa situación, la presencia del PCP-SL y el MRTA acentuó el clima de deterioro social e hizo posible un estallido de violencia hasta entonces desconocido.
El 8 de diciembre de 1989, a fin de ejecutar un castigo de carácter ejemplar, miembros encapuchados y vestidos de negro del MRTA asaltaron la localidad de Kirichari, en el distrito de Puerto Bermúdez. En ese momento, los pobladores festejaban el aniversario de la comunidad con asistencia de los principales dirigentes nativos de las poblaciones vecinas.
Según testigos, los miembros del MRTA aprehendieron a Alejandro Calderón Espinoza, pinkátzari (jefe) y presidente de ANAP, federación que reúne a las cincuenta y dos comunidades asháninkas del valle de Pichis, y lo condujeron con
tra su voluntad a Puerto Bermúdez y a Palcazu, último sitio en que se le supo con vida. Desde entonces, se desconocen noticias de él y se le supone muerto. Desde las páginas del semanario “CAMBIO”, su vocero oficioso, el MRTA reivindicó la autoría del plagio y difundió una justificación para el crimen: aparentemente, Calderón había colaborado con el Ejército en 1965, cuando este perseguía a los últimos combatientes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que operaban en Oxapampa.
Veinticuatro años después, el MRTA, que se consideraba una continuación histórica del MIR, definió la colaboración de Calderón como una traición a la causa revolucionaria y decidió castigarla con la muerte. Como consecuencia del secuestro y presunto asesinato, el hijo del pinkátzari, Alcides Calderón, asumió el mando de las cincuenta y dos comunidades asháninkas del valle de Pichis y las convocó para vengar juntos la ofensa inferida por el MRTA.
Según testimonios, consiguió reunir entre 2,000 y 2,500 nativos, los armó y organizó con ellos el llamado “Ejército Asháninka”, un cuerpo de defensa previsto por las costumbres de su pueblo. Las fuentes consultadas indican que el éxito del llamado de Alcides Calderón se sustentó en la creciente convicción entre los ashánikas de que debía emprenderse una acción punitiva contra el MRTA y SL puesto que, bajo el pretexto de “luchar por los pobres”, creaban una situación que debilitaba el efectivo control de los nativos sobre sus tierras y facilitaba su pérdida a manos de los colonos.
El 5 de enero de 1990 el Ejército Asháninka marchó sobre Puerto Bermúdez a fin de exigir a los colonos que se les entregase a los miembros del MRTA que, suponían, operaban desde ahí. Nativos enfurecidos, armados de flechas, machetes y algunas armas de fuego tomaron la ciudad sin que las autoridades locales ofrecieran resistencia. Más bien, éstas (el alcalde Evaristo Zumarán, el juez Jorge Camacho, y el teniente gobernador Manuel Casas) aprobaron las represalias contra presuntos terroristas y sus colaboradores a los que los asháninkas capturaron y asesinaron a flechazos.
Los hombres de Alcides Calderón extendieron la sospecha de terrorismo sobre todo aquel que no contaba con los salvoconductos que impusieron, o incurría en conductas que ellos consideraban dudosas. Así, por ejemplo, se sabe de un asesinato causado por la posesión de un aparato de radio, que se entendió como instrumento de enlace con el MRTA. Los testimonios sobre la toma de Puerto Bermúdez indican que los actos de violencia contra los colonos no tardaron en generalizarse, como consecuencia de los viejos resentimientos étnicos, las disputas por tierras y la nula intervención de las autoridades.
“En los primeros días del mes de diciembre un destacamento guerrillero del MRTA ubicó y capturó a Alejandro Calderón Espinoza y dos de sus cómplices. Estos elementos fueron quienes, en 1965, entregaron al ejército al Comandante Máximo Velando, uno de los jefes guerrilleros del MIR. Además de su antiguo crimen, calderón y uno de sus lugartenientes se habían convertido en la actualidad en piezas claves de las Fuerzas Armadas y sus planes para formar bandas paramilitares en la zona. Por estos delitos, un Tribunal Revolucionario del MRTA procedió a juzgar y ejecutar después a estos sujetos reaccionarios”.
Numerosos colonos fueron subidos a botes por el río Presbi hasta Pankinkari donde Alcides Calderón tenía su centro de operaciones. Ahí –de acuerdo a numerosas denuncias- se cometían actos de tortura, se imponían tratos vejatorios, se violaba a las mujeres y se arrojaban cadáveres al río.
Semanas después, un helicóptero militar aterrizó en Puerto Bermúdez. La dotación de la nave no mostró interés por restaurar el principio de autoridad, poniendo coto a las acciones asháninkas que no tenían justificación en la lucha contrasubversiva, y –por el contrario- felicitó la labor realizada y entregó armas. El 30 de enero de 1990, en una acción semejante a la anterior, aproximadamente 500 asháninkas incursionaron en la población de Ciudad Constitución, notablemente disminuida por las insistentes amenazas de una invasión de las comunidades nativas.
Los asaltantes reunieron a todos los pobladores en la calle e iniciaron un saqueo generalizado. Los colonos declaran que se redujo a la población a la servidumbre, que les obligaron a pintarse la cara con achiote, según sus usanzas antiguas, y se burlaban de ellos, ufanándose de la inversión del orden social producido. Les decían: “¿Asháninka, zonzo ahora?”. Mataban a flechazos o cuchilladas a cualquiera que pudiese ser sospechoso de vínculo con el MRTA.
En febrero, la presencia de un camión del Ejército los obligó a retirarse. Existen varios testimonios sobre las crueldades que practicaron en sus llamadas “garitas de control”. Ahí se detenía a todo el que entrase o saliese de Ciudad Constitución. La viuda de una víctima, declaró: “Lo más horrible que haya pasado es cuando a un colono lo agarraron y salvajemente lo tomaron de los brazos para que, posteriormente, con un hacha empezaron a cortarle desde la cabeza, al centro, hasta los pies, partiendo su cuerpo en dos partes, todo fue tan horrible”
En el lapso de medio año en que se concentró la mayor actividad del Ejército Asháninka jamás se produjo un enfrentamiento militar abierto con el MRTA. Este grupo se había replegado y reconocido en el semanario “Cambio” que el asesinato de Calderón fue “un error táctico”, ordenando a sus seguidores no combatir con los nativos.
El Ejército Asháninka, ante la ausencia de enemigos, se disolvió paulatinamente. Las secuelas de los saqueos, asesinatos y secuestros, en cambio, se perciben hasta hoy en los serios daños psicológicos que reportan muchos de los testigos y sobrevivientes.
Aunque los colonos no denunciaron oportunamente los hechos debido al miedo a las represalias, la relación fue posible por la persistencia de unos pocos ante instancias del poder judicial y por las repetidas gestiones de las autoridades eclesiásticas de Pucallpa ante el Jefe Político Militar de Ucayali de aquellos años. Informe CVR páginas 303 a 306.