La Comisión de la Verdad y la Reconciliación ha logrado confirmar que la tarde del 20 de abril de 1988, una facción senderista masacró a un grupo de comuneros de la comunidad de Aranhuay, en el distrito de Santillana, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho. Como ha quedado establecido en este Informe, Ayacucho, la zona más pobre del país, fue cuna del PCP-SL y principal escenario de la guerra, pues en este territorio no sólo se dieron innumerables acciones terroristas, sino que se presentó también la mayor cantidad de víctimas y el mayor número de desplazados.
En 1988 la violencia política continuaba con intensidad en el departamento. En el caso de la comunidad de Aranhuay el PCP-SL llevaba a cabo diversas acciones de propaganda armada, tales como reuniones de adoctrinación, izamiento de banderas y pintas de paredes. Al mismo tiempo, llevó a cabo “aniquilamientos selectivos” de dirigentes y comuneros, y se han registrado también denuncias de robos y saqueos contra las propiedades de la población civil.
Como respuesta a la grave desprotección en que se encontraban, los pobladores de Aranhuay decidieron conformar un comité de autodefensa. Para algunos declarantes, esta decisión provocó la masacre que perpetró el PCP-SL y que se reseña en estas líneas. En cambio, para otras personas, el curso hacia la masacre fue más complejo: en efecto, según los testimonios recogidos por la Comisión, miembros del PCP Sendero Luminoso asesinaron a algunos de los comuneros que realizaban labores de vigía, lo que condujo a la comunidad a dar parte del crimen a los militares.
Según estos testimonios, el Ejército condujo operaciones militares que tuvieron como resultado la muerte de integrantes de Sendero Luminoso, esto habría llevado a los miembros de esta organización a la planificación y ejecución de una represalia desmedida. Ella se inició la tarde del 20 de abril de 1988 cuando un numeroso grupo de integrantes del PCP-SL, ingresó en la comunidad de Aranhuay utilizando trajes militares.
Según la declarante Lucila Flores, esposa de una de las víctimas, entraron indicando “somos de la patrulla militar y venimos de Putis (comprensión del distrito de Santillana)”. Sin embargo, muchos comuneros se dieron cuenta de que se trataba de un ardid, puesto que entre los supuestos militares se encontraban mujeres, y el armamento y equipamiento de la columna era muy desigual, incluyendo armas de fuego de distinto tipo, pero también armas blancas y garrotes.
Es importante destacar que el uso de uniformes militares del enemigo con el objeto de ganar una ventaja militar es una flagrante infracción al derecho internacional humanitario y constituye un caso de perfidia. Si es un acto grave cuando se utiliza para confundir a un enemigo organizado en fuerzas regulares; evidentemente la utilización de semejante ardid para atacar a una población civil es mucho más condenable.
El contingente se dividió en varios grupos que iban de casa en casa convocando a una asamblea en la plaza principal. Algunos pobladores, que se habían dado cuenta de lo que ocurría huyeron hacia los cerros. Los demás acudieron al llamado de lo que se suponían era una patrulla conformada por ronderos y militares. Una vez que se aseguraron de que todas las personas anotadas en su lista estuviesen presentes en la plaza, los senderistas dividieron a los comuneros en grupos de jóvenes y adultos y los obligaron a realizar ejercicios físicos extenuantes.
Luego, revelaron su identidad dando vivas a su organización y empezaron a golpear y patear repetidamente a sus víctimas. Finalmente los formaron en filas y los asesinaron con disparos de armas de fuego. Cuando identificaban a personas que no habían muerto por las descargas, las remataban con cortes de arma blanca. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación ha podido establecer, por distintas fuentes, que las víctimas de este asesinato colectivo fueron por lo menos veintiun personas (aunque algunos declarantes señalan que fueron hasta veintinueve).
Ellas son Blas Quispe Poma, presidente de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Inicial de Aranhuay; Víctor Santos Taype Gamboa; Paulino Camasi Curo; Isauro Quispe Peña o Barreto; Antonio Carvajal Mallqui; Macedonio Cusiche Aguilar; José Taype Huamán o Vaca; Epifanio Taype Gamboa; Juan Cáceres Quispe, jefe de seguridad del comité de autodefensa; Orlando o Rolando Durán Cusishi o Cuciche; Roberto Carvajal Ortega o Vicaña; Olimpo Villar Chancari o Ricra; Ponciano Rodríguez Espinoza; Víctor Galindo Mallqui; Pascual Calixto Carvajal; Ladislao o Gladislao Chancari Maihua; Anatolio Humareda Huamán; Severo Calixto Quispe; Silvestre Galindo Mallqui; Isidro Carbajal; y Juan Lucio Aguilar Quispe.
Algunos pobladores, heridos de gravedad, lograron escapar. Uno de ellos fue Eusebio Carvajal Casas, quien fue baleado en la boca —acción que le destruyó por completo la dentadura— y acuchillado por la espalda y otras partes del cuerpo. La víctima, a pesar de las múltiples agresiones infligidas, logró sobrevivir. Antes de retirarse, los miembros del PCP-SL saquearon e incendiaron viviendas y locales, llevándose animales, ropas, víveres y medicinas.
Al día siguiente, arribó a la localidad un grupo de militares y ronderos que, acompañados de un juez (todos ellos provenientes de San José de Secce) y, junto a los pobladores, efectuaron el levantamiento de los cadáveres. Acto seguido, éstos fueron trasladados a la iglesia y, luego, a la casa comunal. Finalmente, el 22 de abril de 1988, los pobladores, ayudados por los militares y ronderos, enterraron a sus familiares en el cementerio de Aranhuay.
Por la crueldad y la premeditación con que fue perpetrado y por tratarse de una línea de acción terrorista que se presentó de manera reiterada en otros centros poblados del país, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación rechaza, en los términos más categóricos, este crimen que vulnera el derecho nacional, las normas elementales de protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Informe CVR páginas 297-298.
Los restos de cadáveres que no habían sido encontrados en los años 80 finalmente fueron fueron exhumados en el 2014, en el cementerio del centro poblado de Aranhuay, distrito de Santillana provincia de Huanta, donde habían sido enterrados informalmente por los asesinos y los familiares daban por desaparecidos.
Entre los restos recuperados se encuentran 08 personas del sexo masculino y 01 femenino. Posterior a la entrega, los familiares los trasladaron 
a sus lugares de origen para darles una cristiana sepultura.