El departamento de Huancavelica tiene varios centros mineros importantes. La empresa Buenaventura era la más grande y sus unidades estaban ubicadas en San Genaro y Julcani. Cobriza, ubicada en la provincia de Churcampa era unidad de Centromín Perú; otras unidades mineras eran Caudalosa Grande, Caudalosa Chica y La Mejorada.
En los años 79 y 80, los sindicatos mineros de Huancavelica se caracterizaban por su alto grado de politización y porque gran parte de sus trabajadores militaban en diversos grupos políticos. Las organizaciones políticas que más destacaban eran el FOCEP, UDP, APRA, entre otros. En esos años también apareció el UNIR (Unidad Nacional de Izquierda Revolucionaria) a través de algunos profesores de las escuelas de los campamentos mineros.
En un primer momento, el UNIR tenía como únicos miembros a los profesores del lugar, pero luego fue creciendo con la incorporación de trabajadores mineros. Según manifiestan ex trabajadores mineros de la zona, los primeros militantes del PCP-SL habrían llegado con estos profesores. Mientras que la presencia del PCP-SL fue relativamente tardía en los centros mineros de Cerro de Pasco y Junín, para los últimos meses de 1980, el PCP-SL ya había tomado contacto con algunos asentamientos mineros de Huancavelica, sobre todo con los que se ubicaban cerca del departamento de Ayacucho, como Cobriza, Julcani y La Mejorada (ubicados en Churcampa y Angaraes, respectivamente).
Las relaciones entre los propietarios de las minas huancavelicanas y los obreros, igualmente, siempre fueron conflictivas. Los constantes paros y huelgas que protagonizaban los mineros en 1982, habían exacerbado los ánimos de algunos propietarios de las empresas, quienes enterados de la violencia y destrucción que provocaba el PCP-SL en las comunidades campesinas, constantemente trasladaban contingentes militares para brindar seguridad a los campamentos mineros.
En el departamento de Huancavelica, se instalaron las bases militares en Castrovirreyna, Santa Inés y Churcampa, en 1982 y 1983 respectivamente. Desde los primeros años de la década del 80, las minas de Huancavelica representaban para el PCP-SL el centro de abastecimiento de material explosivo con los cuales realizaban sus atentados en las comunidades del noroeste de Ayacucho y del sureste de Huancavelica.
En estos años, los centros mineros aún no eran el blanco de los atentados: «A las empresas mineras no atacaron al principio, sino que entraban a quitarles sobre todo las dinamitas y cometer sus actos terroristas en otros lugares». Para 1983, el PCP-SL habría logrado tener algunos simpatizantes dentro de los sindicatos, los mismos que por su trabajo en el interior de las minas sustraían explosivos para entregársela a los senderistas. En estos años, el PCP-SL también ingresaba casi sin violencia a las reuniones sindicales, arengaban a todos para que se unan a la guerra popular y después de distribuir volantes y realizar pintas se retiraban; pero los obreros siempre se negaron a formar parte de las huestes senderistas.
A partir de 1984, los centros mineros de Huancavelica empiezan a vivir situaciones mucho más violentas. El PCP-SL incrementa el terror y la violencia en las comunidades campesinas aledañas a los centros mineros, provocando una gran convulsión en toda la zona por los constantes enfrentamientos entre militares y senderistas. A media noche del 1 de enero de 1984, el PCP-SL ataca el centro minero de Cobriza con gente reclutada en las alturas de la comunidad Ayacuchana de Ayahuanco (que limita con la provincia de Churcampa, Huancavelica).
En ese momento, la policía particular de la empresa, el personal administrativo y los obreros se refugiaron dentro de los socavones. Los senderistas aprovechan la situación y saquean los almacenes de la mina y todas las tiendas comerciales del campamento. A las pocas horas de la incursión senderista, llegan los militares y van en persecución de los sediciosos, pero no logran darles alcance. Aduciendo proteger a los trabajadores mineros, los senderistas destruyen el puente metálico que unía Cobriza con el distrito de Ayahuanco.
Días después de la destrucción del puente, el superintendente del centro minero John Broadle reclama airadamente a los militares por el hecho y en respuesta éstos lo golpean. Después de estos sucesos, a fines de 1983 se instala una base militar en esta unidad de producción de Centromín Perú. En noviembre de 1985, la mina de Caudalosa Grande (provincia de Castrovirreyna) es atacada por los senderistas quienes dinamitan parte de sus instalaciones, golpean y amenazan a los superintendentes para que éstos les entreguen dinamita y guías explosivas.
A partir de ese momento los superintendentes eran inestables en las minas provocando el retraso en los pagos a los trabajadores. En esos años, otra de las empresas que fue atacada violentamente por los senderistas es San Genaro, también ubicada en Castrovirreyna. Ante estos atentados, las empresas convocan el apoyo de los militares para enfrentar al PCP-SL pero, al mismo tiempo, desarrollan acciones que van contra los sindicatos: comienzan a acusar de senderistas a algunos dirigentes y despidiendo a algunos sin ningún beneficio laboral.
En octubre de 1986, un grupo senderista incursiona a la unidad minera Santa Rosa (Cobriza) y saquea todo su material explosivo (dinamita, fulminantes y guías).. Antes de retirarse, los sediciosos dinamitan torres de energía eléctrica y gran parte de las instalaciones.
Ante estos hechos, la empresa minera Buenaventura decide cerrar temporalmente esta unidad. Dinamitaron campamentos mineros como el caso de San Genaro, asesinaron al jefe de relaciones industriales, propiedad de Buenaventura, al contratista minero que explotaba… que trataba mal a los trabajadores, como el caso de Ponce, lo ajusticiaron entre comillas… es lo que yo recuerdo cosas así concretas. (Ex trabajador minero)
Similares acciones ocurrieron en la mina Caudalosa Grande (Castrovirreyna), y al igual que Buenaventura, los propietarios también cerraron las minas y dejaron sin empleo y sin beneficios a todos los trabajadores. Según señalan los ex trabajadores, la mayor presencia senderista se registró en el centro minero de San Genaro, este fue un factor más para que los propietarios cierren la mina. Después de estos atentados, los militares detuvieron a ocho dirigentes de San Genaro acusándolos de terroristas, quienes fueron encarcelados injustamente durante ocho meses; así lo recuerda un ex dirigente minero: «Por ahí entró sendero, inclusive han estado ocho compañeros en la cárcel acusados de senderistas, se han solidarizado todos los mineros del departamento y a nivel nacional e internacional y salieron después de ocho meses…» (Ex trabajador minero). Informe CVR págs. 199-200
