La Comisión de la Verdad y Reconciliación ha logrado determinar que comuneros del pueblo de Paccha en el distrito de Vinchos, provincia de Huamanga, Ayacucho fueron masacrados por miembros del PCP-SL el 11 de diciembre de 1989. El presidente de la comunidad, Esteban Chumbez López, Faustino Jayo López y Julián Blas López fueron humillados, torturados y asesinados, al igual que al menos otras diecinueve personas.
La primera incursión senderista en la comunidad de Paccha, distrito de Vinchos ocurrió en 1983. Los senderistas irrumpieron en la asamblea comunal, intervinieron en la elección de autoridades y convocaron charlas para el adoctrinamiento de los comuneros. Según testimonios, desde aquella incursión Sendero empezó a asesinar a aquellos campesinos que identificaban como “ricos”, por el hecho de tener un poco más de tierras que sus vecinos; a ganaderos y a cualquier persona que colaborase con las fuerzas del orden alojándoles o dándoles alimento.
Los comuneros no tardaron en percibir como negativa la presencia de Sendero y acogieron iniciativas de autodefensa de carácter tradicional, bajo el modelo de las rondas, puestas en marcha por las vecinas comunidades de Andabamba y Jutate.
Debido al contexto crecientemente adverso, las columnas del PCP-SL respondieron con tácticas de restricción de la movilidad de la población rural, instalando retenes en los caminos y estableciendo listas de personas autorizadas a circular. La comunidad de Paccha, como otros poblados de la provincia de Huamanga, quedó atrapada en una zona bajo control efectivo del PCP-SL y por lo tanto bajo sospecha de subversión para las fuerzas del orden. A esta adversa situación solamente podían responder con su organización y con muy rudimentarios elementos de protección, como sus propios instrumentos de trabajo, convertidos en armas.
La violencia se incrementó cuando, en 1989, la cúpula de Sendero declaró que la así llamada “guerra popular” estaba en la orientación de alcanzar en breve plazo el equilibrio estratégico entre las fuerzas senderistas y el Estado peruano. Entonces, las columnas del PCP- SL presionaron más a las comunidades campesinas, intensificaron los asesinatos selectivos que se dirigieron no solamente contra quienes aparentemente se habían opuesto al “nuevo orden”, sino también contra los que eran considerados indiferentes.
En medio del clima de zozobra generalizado, los testimonios señalan que la actuación de las fuerzas del orden, en lugar de apoyarlos, frecuentemente resultaba en la detención y tortura de inocentes. Los comuneros tenían, por lo tanto, miedo de pernoctar en sus casas y se iban a dormir a los cerros o a las chacras. Era frecuente que, de madrugada, sonaran los pitos que anunciaban a alguna asamblea convocada por los senderistas para castigar a los comuneros supuestamente “traidores” a su causa. Sendero sacaba de sus casas a las personas y las asesinaba en una escenificación de pseudo juzgamientos llamados “juicios populares”.
En este período, las prácticas tradicionales de defensa empezaron a ganar efectividad en Paccha y sus alrededores: en efecto, los ronderos empezaron a aprehender a presuntos senderistas y entregarlos a las autoridades militares. Las acciones de las rondas fueron el móvil de una acción de desproporcionada represalia de parte del PCP-SL.
En efecto, en la madrugada del 11 de diciembre de 1989 un grupo de aproximadamente 200 senderistas irrumpió en Paccha. Los miembros de la columna ingresaron a las viviendas de los comuneros, atando a los hombres de la comunidad, golpeándolos y conduciéndolos a la plaza, sin atender a las súplicas de las mujeres y los niños. Una vez formada una asamblea de todos los pobladores, arrojaron boca abajo a los hombres. Los golpearon y caminaron sobre sus cuerpos. Entonces desencadenaron la masacre: los miembros del PCP-SL empezaron a acuchillar a los hombres en forma tal de no matarlos de inmediato sino en medio de intensos sufrimientos.
A Esteban Chumbes López, presidente de la comunidad, le cortaron el cuello y la lengua. A Faustino Jayo López le desnudaron, lo obligaron a tenderse en el suelo y con una piedra batán le reventaron el cráneo. Julián Blas López fue ahorcado y muchos otros sufrieron una suerte similar. A continuación, los senderistas destruyeron los libros de actas y otros documentos que constituían la memoria histórica de la comunidad. Una vez que acabaron de rematar a todos los varones capturados, se llevaron a las mujeres y niños al local comunal, donde fueron encerrados mientras la columna se dedicaba al saqueo.
Por último, se marcharon del pueblo gritando sus consignas. Paulina Abarca Ortiz, de 49 años, esposa de una víctima, declara: “Luego de encerrarnos gritaban ¡viva! ¡Que mueran los yana umas! ¡que desaparezcan! ¡En este pueblo está corriendo río de sangre, eso querían pues, carajo, soplones de dos caras! ¿Querían carne? ¡ahí está! ¡Ahora pues, coman esta carne!”. A las ocho de la mañana llegó un helicóptero del ejército alertado por un hombre que había escapado apenas llegado el contingente de Sendero.
Liberaron a las mujeres y niños y dispusieron el entierro de por lo menos veintidós cadáveres desperdigados en la plaza. La Comisión de la Verdad y Reconciliación deplora profundamente la humillación, tortura y muerte de los comuneros de Paccha. Expresa su convicción de que el PCP-SL efectuó un acto injustificable contra una población civil indefensa, lo que se ha constatado en forma generalizada en la región por lo que este tipo de actos constituye crímenes de lesa humanidad que invocan el compromiso de justicia de la comunidad internacional.
Del mismo modo, estos hechos vulneraron el derecho internacional humanitario que protege explícitamente a la población civil. A la vez, la Comisión reconoce el coraje cívico de la comunidad de Paccha y de otras comunidades que, a pesar de no contar con el apoyo efectivo del Estado y de encontrarse en una situación de extrema pobreza, reafirmaron su lealtad al ideal de una nación democrática y se atrevieron a resistir la violencia ejercida por el PCP-SL. Informe CVR páginas 307-308